La mezcla de diseminación del sistema de partidos y ascenso del abstencionismo ha producido, en Costa Rica, un resultado electoral inquietante. Rodrigo Chaves ha llegado al poder con menos del 30% del electorado, si se suman el abstencionismo de más del 40% y los votos que recibió su rival, el expresidente José María Figueres.
Está por verse cuál será la tónica del gobierno de Chaves. Algunos atributos y énfasis de campaña hacen pensar en un outsider que abusa de la incorrección política y adopta modos populistas y conservadores. De diversas maneras, ha mostrado afición por el confesionalismo cristiano, la misoginia y el personalismo, en una línea más o menos reconocible en otros líderes latinoamericanos recientes como Jair Bolsonaro y Nayib Bukele.
No es Costa Rica un país que favorezca el ascenso de liderazgos populistas. Pero la crisis del sistema político, en esa nación centroamericana, puede llevar al agotamiento de la tradición moderada que la ha caracterizado desde mediados del siglo XX. El llamado al diálogo con Figueres y el incentivo que generará a Chaves su minoría en el congreso podrían, en cambio, impulsarlo a negociar con otras fuerzas políticas para echar a andar un proyecto de Estado.
Por lo pronto, hay puntos en el programa electoral del nuevo presidente y su partido Progreso Social Democrático que llaman a la preocupación. Su persistente rechazo a la despenalización del aborto, la exhortación a gobernar con “mano dura” y el anuncio de una gran ofensiva anticorrupción recogen ecos regionales de experiencias cercanas al populismo conservador.
Otra señal impredecible fue el anuncio del presidente Chaves de remontar la crisis diplomática con Nicaragua y nombrar a un nuevo embajador. Por supuesto que las relaciones diplomáticas pueden y deben conducirse de manera realista, pero el nuevo mandatario parece no dar mayor importancia al profundo retroceso autoritario que tiene lugar en su vecino, y que ha provocado un aumento de la inmigración y el exilio nicaragüense en Costa Rica.
De producirse una aproximación del nuevo gobierno a Managua, Costa Rica se sumaría a la corriente que encabeza Bukele, quien desde la derecha opera con una geopolítica amistosa con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esa desideologización de los vínculos regionales favorece el funcionamiento del Sistema Centroamericano (SICA), pero abre la puerta a la creciente impugnación de la democracia y de la filosofía de derechos humanos en el área.
Muy pronto se verá qué pesa más en el nuevo gobierno, si los pactos para la gobernabilidad democrática o la reorientación del acostumbrado rol de contrapeso regional de Costa Rica. Lo que desde ahora resulta indudable es que la excesiva fragmentación del sistema de partidos, verificable en otros países de la región como Perú y Colombia, es el primer síntoma de una crisis política que puede generar turbulencias mayores en la democracia latinoamericana.