En las últimas semanas se confirmó, una vez más, la precariedad de la institución presidencial en el Perú. Luego de cuatro gabinetes ministeriales y más de cincuenta ministros, desde su toma de posesión presidencial en julio de 2021, la fragilidad de Pedro Castillo se agudiza peligrosamente. El congreso y más del 60% de la ciudadanía demandan su renuncia y el presidente reacciona con amagos de medidas autoritarias.
Es sabido que el sistema político peruano adolece de un diseño que incentiva la pugna entre el poder ejecutivo y el legislativo. Tres expresidentes, involucrados en la trama Odebrecht, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczysnki, están encarcelados por corrupción. Otros dos, Martín Vizcarra y Manuel Merino, debieron abandonar el gobierno antes de tiempo: el primero fue cesado por el congreso y el segundo renunció antes que lo cesaran por su mal manejo del último estallido social.
La figura de la “vacancia” se activa en Perú de manera indiscriminada, lo mismo contra miembros del gabinete que contra el propio presidente. Castillo ha recurrido a constantes cambios ministeriales con el propósito de aplacar al congreso. Las maniobras no han sido suficientes y el malestar ya trasciende el espacio parlamentario y alcanza diversos sectores de la población, que comienzan a movilizarse en las calles.
En un país en que la memoria de la represión del último estallido social está fresca y pendiente de causas judiciales, el intento de imposición del estado de sitio es una iniciativa que atiza el conflicto. La presidencia se ve paralelamente hostilizada por sectores poderosos del congreso y una parte considerable de la ciudadanía, por lo que las posibilidades de permanencia de Castillo en su mandato se reducen.
Después de Haití, tal vez sea Perú el caso de mayor fragilidad presidencial en América Latina. La raíz de esa permanente inestabilidad se debe al simultáneo reforzamiento del congreso, para evitar otro presidencialismo autoritario como el de Alberto Fujimori en los años 90, y la creciente diseminación de los partidos políticos. El liderazgo de Castillo emergió como alternativa a la fragmentación partidista, pero ha debido enfrentarse a un congreso mayoritariamente opositor.
Aunque el caso peruano resulte extremo es recomendable analizarlo como alerta sobre la crisis latente de la democracia latinoamericana. No son pocas las naciones latinoamericanas que sufren actualmente los dos síntomas: fragmentación o reorganización del sistema de partidos y pugnas crecientes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
La forma democrática sigue siendo predominante en la gran mayoría de la región. Muy pocos países han dado el salto al autoritarismo en los últimos años, a pesar del deterioro institucional tanto de las formaciones partidistas como de la división de poderes. Pero los escenarios de una crisis como la peruana pueden estar a la vuelta de la esquina.
