Con imperfecciones y limitaciones a los organismos internacionales por lo regular les va como al cohetero. Los gobiernos son veleidosos cuando es su turno, si les va bien ponderan y alaban, pero si no, dicen que no les van a decir lo que deben hacer en su propia casa.
La dinámica internacional exige que los países sean revisados y escrutados. Por más que haya tendencias a encerrarse vivimos en un mundo globalizado en donde todos tenemos que ver con todos; seguimos en la aldea global como diría Marshall McLuhan.
El Presidente fue crítico con el informe del Comité de la Desaparición Forzada (CDE) de la ONU con argumentos en que se pierde de vista la interrelación del mundo y sobre todo lo que ha venido pasando el país, no sólo en su sexenio.
Los argumentos presidenciales sobre que en otro tiempo la ONU no denunció el estado violento del país no cabe, porque durante muchos años los gobiernos no aceptaron los informes del organismo porque aseguraban que no tenían que ver con la dinámica del país.
En los tiempos de Peña Nieto se presentaron diversos reportes críticos sobre las condiciones en las que estábamos, en muchos casos seguimos en ello. No se quisieron aceptar a grado tal que los gobiernos se enconcharon al igual que pasó en temas como el feminicidio.
La insistente y fundada crítica de la ONU, la OEA, Amnistía Internacional y una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil —hoy fustigadas por López Obrador— fueron puntuales sobre todo cuando inopinadamente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles.
El escrutinio de organismos internacionales forma parte de la dinámica mundial. A nadie se le obliga a cumplirlo de no ser que forme parte de los acuerdos a los que países se comprometen, pero no tiene sentido para enfrentar las dinámicas internas tenerlos como referentes.
La importancia del informe de la CDE de la ONU está en que de manera fundamentada reporta el porqué resulta tan complejo erradicar la desaparición forzada.
Como actor central aparece la delincuencia organizada, pero la investigación también lleva al perverso nexo entre la autoridad y los delincuentes, lo cual no se ha erradicado y si bien en algunos casos se ha podido atemperar, en lo general las cosas no son muy diferentes de lo que hemos vivido al menos en los últimos dos sexenios.
No se trata de que coloquen al país “en el banquillo de los acusados”. Lo que pasa es que el gobierno debería de ser autocrítico, porque entre lo que vive la ciudadanía, el brutal desplazamiento y lo que reporta el gobierno existe una diferencia.
La impunidad no se ha podido erradicar de la cotidianidad del país. La violencia sigue siendo una constante por más focalizada que esté. A pesar del discurso de que ya no hay masacres es cuestión de revisar lo sucedido en los fines de semana recientes; lo del Edomex fue brutal.
El Comité de la ONU recorrió algunos de los estados en donde el desplazamiento ha roto la vida de muchas familias. La investigación es un trabajo acucioso que tuvo el apoyo del gobierno, hecho que el Presidente bien pudo ponderar como un acto de voluntad y apertura.
Sin embargo, no pasó porque en su radar no está, quizá aquello de que “nadie va a ponernos en el banquillo de los acusados”, como si las cosas en el país fueran diferentes de lo que plantea el informe.
La crítica al reporte no cambia el estado de las cosas. Estamos ante una investigación hecha con el objetivo de documentar un problema doloroso que rompe el entramado social de la sociedad.
No se está intentando señalar o desacreditar, se busca documentar, coadyuvar y ofrecer soluciones colectivas, las cuales sin la menor duda nos urgen.
RESQUICIOS
No queda del todo claro si como dice la perfilada, la capital sigue siendo del todo obradorista. Las elecciones del 21 y la consulta llevan a diferentes lecturas. Va quedando claro que el 24 no será el 18 y que tienen que hacer la tarea; ni por asomo será un día de campo.