Existen temas cuya naturaleza propicia puntos de vista no sólo diferentes sino incluso opuestos. Esto ocurre por múltiples razones, entre las que se encuentran influencias religiosas, tradiciones, ignorancia o perjuicios. Ejemplo de ello es la posibilidad de que las mujeres decidan si continúan con un embarazo no deseado.
Otro se refiere al reconocimiento de las uniones entre parejas del mismo sexo. En las sociedades democráticas es frecuente que estas diferencias desemboquen en tribunales, quienes tienen la última palabra.
La aparición del Covid 19 se ha convertido en un nuevo campo de batalla para quienes sostienen posiciones encontradas respecto a la mejor manera de enfrentarlo. En Estados Unidos correspondió a la administración Trump dictar las primeras medidas sanitarias para hacer frente a la nueva pandemia.
A principios de 2020, la secretaría de salud determinó que la enfermedad era una emergencia pública sanitaria. En marzo de ese año, el presidente declaró a la ola de contagios como una emergencia nacional. A pesar de las restricciones a la movilidad y el distanciamiento social, a fines de ese año, más de 20 millones de personas habían sido contagiadas y más de 360 mil habían muerto como consecuencia del virus.
Un día después de haber tomado posesión, el 21 de enero de 2021, el presidente Biden emitió una orden para establecer el uso obligatorio de cubrebocas en medios de transporte público nacionales e internacionales. Dos semanas después, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CCPE) publicaron las directrices a las que se sujetaría el mandato para el uso del cubrebocas.
Ahí se estableció que cualquier individuo que aborde, desembarque o viaje hacia y dentro del territorio estadounidense deberá usar una mascarilla facial. Quienes se rehúsen a portarla pueden incurrir en responsabilidad civil y penal. En julio de ese año, dos mujeres y una organización social se inconformaron por esas disposiciones ante una jueza federal. Una de las quejosas alegó que la utilización del cubrebocas aumentaba su ansiedad, misma que no era reconocida como excepción médica para dejar de usarlo.
La otra argumentó que las restricciones respiratorias derivadas de su uso le provocaban ataques de pánico. Y la organización, denominada Fondo para la defensa de la libertad de salud, señaló que a uno de sus integrantes le causaba agravios tener que utilizar la mascarilla facial.
El martes pasado, la jueza Kathryn Kimball Mizelle, de Tampa, Florida, resolvió las tres inconformidades. Al considerar que los CCPE excedieron sus atribuciones, determinó dejar sin efecto el mandato federal de cubrebocas para aviones y transporte público. Esto significa que las autoridades ya no pueden exigir el uso del cubrebocas en los medios públicos de transporte. Se ignora si la administración Biden apelará la resolución. Mientras tanto, existe desconcierto entre usuarios de aviones y trenes, pues mientras las compañías aéreas señalan que dejarán de exigir el uso de mascarillas, el metro de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, seguirá requiriéndolo. Sigamos pendientes.
