El 1° de diciembre de 2021, la Corte Suprema estadounidense, en audiencia pública, analizó la ley de Mississippi que prohibía el aborto después de 15 semanas de gestación. La norma, aprobada en 2018 por el congreso del estado sureño, no estaba vigente, pues los tribunales federales habían considerado que violaba la protección del histórico caso Roe versus Wade.
Durante el proceso ante la Corte, la Fiscalía de Misisipi solicitó la anulación del precedente, un verdadero hito en la historia judicial estadounidense, pues desde 1973 tutela a nivel federal el derecho a abortar hasta antes de la viabilidad del feto (alrededor de las 24 semanas).
El objetivo de la audiencia del caso Dobbs vs. Jackson Women´s Health Organization consistía precisamente en escuchar a las partes para que los integrantes del máximo tribunal tomaran una decisión. El pasado 6 de diciembre, comenté en este mismo espacio que los integrantes de la mayoría conservadora se habían manifestado dispuestos a anular el precedente Roe vs. Wade. Señalé también que la minoría liberal advirtió que, de proceder en esa forma, se corría el riesgo de politizar a la Corte, concluyendo que en 2022 el derecho a abortar se encontraba seriamente amenazado.
La decisión del caso Dobbs era esperada para finales de junio. Se daba por descontado que el resultado de la deliberación fuera controversial. Sin embargo, nadie podía prever la conmoción causada el 2 de mayo no sólo por su contenido sino también porque el borrador de la resolución fue filtrado a un sitio de internet. El proyecto de 98 hojas, cuyo autor es Samuel Alito, contiene los votos de cinco de los magistrados conservadores (el propio Alito, más los de Barrett, Gorsuch, Kavanaugh y Thomas), quienes declaran constitucional la norma expedida por el congreso de Misisipi, prohibiendo así las interrupciones de embarazos después de las 15 semanas de gestación. El borrador publicado establece la anulación del precedente Roe, pues determina que corresponde a las entidades federativas definir las reglas que regulan la práctica del aborto en sus respectivos territorios.
Hasta la semana pasada, ningún borrador de la Corte había sido filtrado. En un primer momento se dudó que fuera real lo publicado en el portal Político. No obstante, cuando el magistrado presidente reconoció la autenticidad del documento, se cayó en la cuenta de la gravedad del hecho. Independientemente de ordenar una investigación sobre la identidad del responsable de la falta, Roberts aprovechó para aclarar que el documento filtrado era un borrador, no la versión final, sin que refleje la opinión de los integrantes de la Corte.
La redacción del proyecto filtrado excluye el derecho a interrumpir los embarazos de la tutela federal, sujetando su ejercicio a la voluntad de los legisladores locales. Esto volvería imposible el aborto en los estados donde la mayoría legislativa se identifica con el conservadurismo. Independientemente de la identidad y motivos del responsable de la fuga de información, lo cierto es que el derecho a abortar continúa seriamente amenazado.