Finalmente, el gobierno de Joe Biden ha cumplido su promesa de campaña y remueve las sanciones aplicadas a la isla por la administración de Donald Trump, que restringieron visas, viajes y remesas desde 2019. Se trata de una decisión que recoloca la política de Estados Unidos en la ruta del proyecto diplomático emprendido por Barack Obama entre 2013 y 2016.
Vale la pena recordar que ese proyecto no fue hostilizado sólo por Trump, el campo político cubanoamericano y sectores del Partido Republicano sino también por el Partido Comunista de Cuba, en su séptimo congreso de abril de 2016. Tanto la corriente más inmovilista dentro de la isla como sus aliados extremistas en América Latina y el Caribe, sobre todo, los inscritos en la línea bolivariana, rechazaron la normalización obamista. En Cuba se le llamó “ataque” y fue oficialmente definida como una manera de subversión del sistema socialista, más sofisticada que la del enfrentamiento tradicional de Washington.
Es preciso recordarlo ahora porque, en un primer momento, la reacción adversa al levantamiento de sanciones se concentrará en los partidarios de la política trumpista. Pero muy pronto, el antiobamismo de los sectores oficiales cubanos reemergerá y volverá a soltar la voz de alarma contra las buenas maneras de una estrategia que, a su juicio, busca lo mismo que su contraria: el derrocamiento del régimen.
Esto último es, por supuesto, una exageración, pero refleja muy bien el meollo antidemocrático del sistema cubano. Como puede leerse en el recientemente aprobado Código Penal de la isla, la “subversión” o “derrocamiento” del sistema es una finalidad que las propias leyes atribuyen a cualquier ejercicio de los derechos de asociación y expresión, que cuestione directamente el orden institucional y legal de la isla. Que lo cuestione, no que necesariamente atente en su contra por vías violentas o ilegales.
La vuelta a la diplomacia con Cuba, desde Estados Unidos, que difícilmente puede entenderse sin el creciente consenso latinoamericano y caribeño de integración de la isla a los foros regionales, no se basa en el desconocimiento de esa estructura autoritaria. No es una ruta para invisibilizar la represión y la violación de derechos humanos, como argumentan los partidarios de las sanciones trumpistas. No lo fue con Obama y Kerry y no lo será con Biden y Blinken.
El gobierno cubano y sus propagandistas, dentro y fuera de la isla, lo saben y afinan su vieja retórica contra la apertura. Algo se lee ya en la declaración de la cancillería cubana, que resta importancia al anuncio. Una vez más, se superpondrán y confundirán las voces de quienes no ven otra salida que esta confrontación prolongada y desgastante. Pero muy pronto, tan pronto como la próxima Cumbre de las Américas, se verá, y no sólo de parte del gobierno de Estados Unidos, que la normalización diplomática no está reñida con la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
