A mi Parce, Carlos Rojas, por su amistad y por tantos recuerdos.
Hace algunos días, el Presidente López Obrador puso la mirilla en su relación con Estados Unidos al advertir que no asistiría a la Cumbre de las Américas —a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, California—, en caso de que el país anfitrión no invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Inicialmente, la maniobra fue interpretada como una vendetta —una más de sus cruzadas surgidas, aparentemente, sin motivación puntual, en un afán de atraer reflectores y hablarle a su electorado— con poca o nula reflexión sobre las consecuencias diplomáticas que podría ocasionar, las cuales parecían pasar a un distante segundo plano.
Sin embargo, como un efecto dominó, los liderazgos de diversos países de la región comenzaron a replegarse de la concurrencia al evento —ya fuera por motivaciones de política interna o por adherirse a la postura del Estado mexicano—, lo que encendió señales de alarma en Washington. Entre los países que podrían no participar en el evento o que, en su caso, enviarían una representación distinta al jefe de Estado, se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela.
Una deslucida asistencia a la cumbre significaría un duro golpe para la administración de Joe Biden, en su papel como —aparente— líder de la región y, adicionalmente, de cara a las elecciones intermedias de noviembre próximo. A raíz de esta situación, el gobierno norteamericano comenzó acercamientos con el Gobierno mexicano —lo que resultó una verdadera sorpresa para muchos— para tratar de resolver diferencias y asegurar la participación de López Obrador en el evento. Sin embargo, la visita de la representación estadounidense a Palacio Nacional tuvo que sustituirse por una videollamada pues, con tan mala suerte, el asesor de la Casa Blanca resultó contagiado de Covid-19 y no pudo realizar el viaje.
Es poco lo que se sabe sobre el alcance de la comunicación sostenida entre ambos gobiernos. Lo que no cabe duda es que la administración de Joe Biden tendrá que definir cómo asumir esta coyuntura. Ya sea que mantenga la postura de no invitar a los presidentes de ciertos países —lo que conllevaría varias ausencias más—, de ceder ante la situación y retirar las restricciones de asistencia —para asegurar una participación mayor y de más altura— o, en un caso extremo, cancelar la cumbre.
Si bien la situación podría interpretarse como un boicot al evento, podríamos estar frente a una extraña coyuntura en la que, a la postura puntual de algunos liderazgos de no participar ante ciertas condiciones, se suman diversos motivos políticos internos de las naciones de la región, que han hecho que la asistencia a la cumbre —al menos a nivel de mandatarios— no sea una cuestión prioritaria.
El panorama actual da pie a pensar que podría tratarse de la última edición de este evento regional. Sin embargo, dada la relevancia, valdría mucho la pena que los diversos liderazgos lo asuman como una cuestión estacional que debe resolverse con mucha diplomacia —lo cual tampoco representa ninguna salida fácil.