El derecho de acceso a la información pública está previsto en el artículo 6° constitucional. Para garantizarlo, se prevé la existencia de un órgano constitucional autónomo: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El antecedente inmediato del Inai es el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (Ifai), que fue creado en 2002 como un organismo descentralizado. La transición de Ifai a Inai es el resultado de la reforma constitucional de 2014, que tuvo como consecuencia un cambio no sólo en el número de comisionados sino, también, en el método de su designación. Mientras el Ifai funcionó durante 12 años con cinco comisionados, el nuevo Instituto lo hace con siete. Igualmente, mientras los comisionados del Ifai eran nombrados por el presidente de la República, los del Inai son propuestos por los grupos parlamentarios representados en el Senado; para asumir el cargo requieren obtener una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.
La modificación al procedimiento de designación de los comisionados partidizó los nombramientos. Hace unos días, la periodista Leticia Robles señaló la manera en que se integró el Inai en 2014, siguiendo rigurosas cuotas partidistas: tres comisionados del PRI (Puente, Kurczyn y Monterrey), dos del PRD (Cano y Guerra), así como dos del PAN (Acuña y Salas). La designación de los comisionados con base en cuotas trastornó la vida interna del Instituto. Ignorando el servicio civil de carrera vigente mientras existió el Ifai, los comisionados se han repartido todas las posiciones, desde secretarías ejecutivas hasta jefaturas de departamento.
Vale la pena recordar que, a fin de permitir un relevo escalonado del Pleno del Inai, la reforma constitucional estableció nombramientos con una duración diferente para sus integrantes: dos concluirían su encargo en 2018, dos en 2020, dos en 2022 y uno en 2023. Los comisionados Guerra y Monterrey concluyeron su encargo en marzo de este año. A pesar de existir dos nombramientos pendientes de realizar por el Senado, a principios de mes, los cinco comisionados determinaron unánimemente que los excomisionados Guerra y Monterrey asumieran la dirección general del Sistema Nacional de Transparencia y la Secretaría Ejecutiva del Inai, respectivamente.
En un alarde de amiguismo, los máximos responsables de que las autoridades del país respeten las normas de transparencia e información pública decidieron designar a sus excolegas en las posiciones inmediatamente inferiores a ellos. No les importó que el Pleno no esté totalmente integrado: sólo hay cinco de siete comisionados. Tampoco hicieron públicos los razonamientos para nombrar a los excomisionados prefiriéndolos a otros profesionales. Dudo que alguna autoridad considere los nombramientos como ilegales. Eso no significa que la actuación de los comisionados haya sido ética o haya cumplido con los principios de independencia, objetividad y profesionalismo a los que la Constitución los sujeta. Es una lástima que, argumentando que las críticas lo debilitan, los defensores del Inai se hayan abstenido de señalar los escandalosos compadrazgos y complicidades existentes.
