El agua resulta fundamental para distintos procesos de nuestra comunidad y su valor ha cobrado mayor relevancia conforme la escasez se ha agudizado. La crisis del agua por la que atraviesan distintas regiones de nuestro país ha sacado a flote y subrayado problemáticas y causas muy importantes urgentes de atacar.
Una medular es el robo de agua en diferentes modalidades, sectores y escalas. Las tomas clandestinas son hoy una realidad que debilita de manera importante la capacidad de las instituciones para dotar de agua a los usuarios en calidad y cantidad suficiente. El impacto social que tiene este delito es aun más grave que el que provoca el tan comentado y atacado robo de combustibles.
Hace algunos meses, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para Chilpancingo en el estado de Guerrero expresaba tener detectadas más de 30 mil tomas clandestinas de agua en diferentes puntos de la ciudad; es decir, más de 30 mil personas físicas o morales que robaban agua. ¿Qué puede hacer esta institución local frente al 60 por ciento de sus usuarios que no pagan por el agua? ¿Cómo darse abasto para clausurar y castigar a esos más de 30 mil delincuentes? El reto luce sumamente complejo y el caso de Chilpancingo es uno entre muchísimos que existen en nuestro país.
Imposible pensar que la proliferación de tomas clandestinas se da sin la cooperación y el consentimiento de las autoridades encargadas de dotar de agua a la población. Nadie como ellas conocedoras de la ubicación y características de la red para intervenirla.
Quizás uno de los casos más sensibles y emblemáticos se ubica en el centro del país, en la Ciudad de México y en torno a la infraestructura encargada de proveer de agua a la capital del país. En el año 2009, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México estimaba que aproximadamente el 20 por ciento de los 2.4 millones de tomas de agua, era clandestina.
Como una muestra más, la Comisión Nacional del Agua, entre el año 2012 y el 2018, detectó más de 2 mil pozos a cielo abierto, construidos por personas o empresas que extraen agua de los mantos freáticos y acuíferos sin las autorizaciones correspondientes, lo que además de ser un delito, provoca su sobreexplotación.
Los especialistas encargados de la detección y clausura de tomas y pozos clandestinos no cuentan con las herramientas y el presupuesto suficiente para realizar con eficiencia su trabajo. Los procesos de regularización no son los más adecuados y los más de 2 mil 600 organismos operadores de agua deben fortalecer sus estructuras.
La crisis del agua por la que atraviesa México requiere una cruzada profunda por su solución, que integre entre sus tareas el fortalecimiento institucional, el endurecimiento de las sanciones a todos aquellos que participen del robo de agua, la gestión y el uso eficiente, y la generación de una cultura por el uso sustentable.
Como una muestra en sentido correcto, en días recientes, el Congreso del Estado de México aprobó reformas para tipificar como delito el robo de agua y castigarlo con hasta 8 años de prisión.
La crisis del agua se agudizará si no participamos todos de su solución de manera decidida y coordinada; eliminar el robo de agua deberá ser la prioridad.
