En la Secretaría de Gobernación temen que la Agencia Federal de Aviación Civil, de Carlos Rodríguez, esté boicoteando las mesas de trabajo convocadas por esa dependencia a fin de evitar incidentes peligrosos tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en los cielos del país: ayer, en la sesión de trabajo, el jefe de la Oficina de Control de la AFAC, Ricardo Colliers, admitió ante aerolíneas, pilotos y controladores de tráfico aéreo que no tenía conocimiento de los reportes requeridos para evitar una tragedia…, aunque no ha enviado a nadie de su oficina a colaborar en la urgente instrumentación de lo que genéricamente se denomina Aviation Safety Action Program.
Como aquí le informé la semana pasada, en ese tipo de programa tripartito en que participan autoridad, aerolíneas y sindicatos, Colliers no permitió que ninguno de sus subalternos -personal capacitado específicamente para ello- asistan a las reuniones convocadas para informar sobre el incidente (y muchos más) en el que el 7 de mayo casi se impactan en tierra dos aviones de Volaris que lleva Enrique Beltranena.
Sin embargo, ni técnicamente, los administradores del AICM, a cargo de Carlos Morán, ni la AFAC pueden retener información que es de carácter confidencial, no punitivo y despersonalizado; deben presentarla, pues son la parte gubernamental para ejecutar los programas de seguridad operacional, como el desarrollado bajo el auspicio de Segob. Así que la AFAC no puede “ignorar” su obligación de presentar la información a las entidades involucradas en la seguridad ni mucho menos salir con que tiene “otros datos”.
Que Colliers haya dicho ayer que “no tenía conocimiento” de esos reportes, no lo exime de la obligación de cumplir con los mismos. Eso mismo dijo en su momento Víctor Hernández, exdirector de los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y ya sabemos donde quedó.
De todas maneras, la información es inocultable (trazas de radar, reportes de pilotos, avistamientos, etc.) y la tienen las aerolíneas adscritas a la IATA, que representa aquí Peter Cerdá, así como los propios sindicatos de pilotos que lidera, Humberto Gual, y los controladores de tráfico que dirige José Alfredo Covarrubias.
Así que se conocerá técnicamente el origen del caos en el espacio aéreo nacional… ya después se sabrá las motivaciones políticas y consecuencias legales de ello.
Banorte, fondos verdes. La buena nueva en materia de conservación y sobrevivencia ambiental es que Grupo Financiero Banorte, que dirige Carlos Hank González, en su Consejo de Administración se aprobaron poner en marcha criterios de inversión alienados a los criterios del Consejo Internacional de Estándares Sostenibles en la Afore Siglo XXI y en la Operadora de Fondos Banorte. Es decir, que los recursos de largo plazo captados e invertidos por Banorte serán dirigidos a negocios que de manera confiable, periódica y cuantificable demuestren cumplir con los estándares que cumplan los parámetros indicados por la COP26 de Glasgow para enfrentar el severo cambio climático. Vaya, ¿para que ahorrar en una pensión de largo plazo si no habrá mundo donde consumarle?
Tren Maya, réquiem. El veredicto definitivo del Juzgado 1o de Distrito de Yucatán emitirá en favor de los buzos que advirtieron sobre el riesgo de construir el Tramo 5 del Tren Maya sobre un ecosistema frágil que depende del sistema de ríos subterráneos de la zona, no sólo es un duro clavo sobre el proyecto a cargo de Javier May, sino que demuestra mucho más: que el consorcio constituido por Fonatur, pese a contar con 15 mil millones de pesos en su capital, no haya podido presentar en tiempo y calidad un Manifiesto de Impacto Ambiental y preparar medidas de remediación, muestra impericia técnica y de gobernanza, amén de una gran desconexión con la Semarnat que se supone lleva la invisible María Luisa Albores. Pero, aún más notorio, que los recursos presupuestales federales -dada el alza de tasas de interés y la tendencia a menores ingresos fiscales- hayan tocado fondo y no haya más para culminar con éxito los trabajos.