Dos acontecimientos trascendentes para México en materia electoral ocurrieron en los últimos días: la resolución, por parte de la Suprema Corte, a la controversia constitucional promovida por el INE en contra del Presidente de la República y la Cámara de Diputados por el indebido recorte de su presupuesto de 2022, y las elecciones del 5 de junio, en las que, entre otros cargos, estuvieron principalmente en juego seis gubernaturas.
La sentencia recaída a la controversia constitucional 209/2021 es de la mayor trascendencia para el alicaído Estado de derecho en México. Como se sabe, ante la negativa por parte de la Cámara de Diputados —o en su defecto la Secretaría de Hacienda— para otorgar los recursos mínimos necesarios para celebrar adecuadamente la consulta sobre revocación de mandato, el INE adoptó en su momento sendos acuerdos que, una vez impugnados y resueltos, otorgaron certeza jurídica sobre la ruta que se debía seguir para realizar dicho proceso.
El fallo de la Corte confirma lo que el sentido común indicaba desde el principio de este desencuentro entre el INE y el lopezobradorismo: que aquél tenía la razón desde el principio. Gracias a esta sentencia queda claro, entre otras valiosísimas cosas, que: (1) la decisión de la Cámara de Diputados de recortar el presupuesto del INE no estuvo debidamente fundada y motivada —o sea, entiéndase que estuvo sustentada en un capricho político—; (2) que, a pesar de haber concluido ya el proceso de la revocación de mandato, esto no es óbice para reconvenir el que la Cámara de Diputados hubiera decidido negar al INE los recursos originalmente solicitados; y (3) que esa decisión de la Cámara puso en riesgo la autonomía presupuestal de un organismo constitucional autónomo y —más grave aún— los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Por lo que respecta a la elección de gubernaturas, hay todo tipo de lecturas y narrativas. No deja de ser peculiar que todos los presidentes de los partidos hayan salido a festejar los resultados del domingo. Lo que es un hecho es que no hay ganadores absolutos. Todo parte del diagnóstico desde el cual los competidores enfrentaron el proceso electoral: los partidos lopezobradoristas estaban convencidos de que debían ganar las seis gubernaturas, mientras para el bloque opositor (PAN-PRI-PRD) lo relevante era apuntalar un dique de contención al avance del oficialismo en el ámbito local, y para Movimiento Ciudadano, apostar por un crecimiento al margen de las dos coaliciones.
En todo caso, a cuatro años del inicio del sexenio, el descalabro para el PRI es contundente: de las 14 gubernaturas que tenía… ya sólo le quedan dos (Coahuila y el Estado de México), en las cuales no ha habido alternancia en más de 90 años: siempre han tenido gobernadores del PRI. Esas rara avis, a cómo va la tendencia, pudieran extinguirse tan pronto como el año siguiente. Cosa más peculiar todavía si se considera que ese partido obtuvo un nada despreciable 18% de la votación a nivel nacional en las últimas elecciones federales.
Lo que es un hecho, sin lugar a interpretaciones, es que, sumando la exitosa organización de las elecciones del domingo a la victoria judicial antes comentada, fue una muy buena semana para el INE, que sigue sumando resultados, credibilidad y prestigio como lo que es: la institución civil del Estado mexicano más apreciada por la ciudadanía.
