Se dice que la trata de personas, la mendicidad y el trabajo infantil son la nueva esclavitud. Hoy mientras escribo este artículo niñas, niños y adolescentes están realizando actividades nada acordes a su edad.
El trabajo infantil en México es una realidad para millones de niñas, niños y adolescentes, que requiere de una estrategia de Estado donde participen los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil organizada.
La pandemia de Covid-19 orilló a que en muchos hogares los hijos e hijas abandonaran la escuela para formar parte de la mano de obra trabajadora o del crimen organizado.
Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que hasta el 2021, en México 3.2 millones de menores entre cinco y 17 años realizan algún trabajo no permitido, de no solucionar el problema, este año la cifra podría aumentar cinco millones.
En el Senado hemos realizado reformas para elevar la edad mínima para trabajar y prohibir los trabajos para menores de 18 años, entre ellos los agrícolas; sin embargo, aún falta mucho por hacer.
Al menos 210 mil niñas, niños y adolescentes empezaron a trabajar por primera vez en el país a causa de la crisis económica que trajo la pandemia.
La pobreza, la falta de salarios justos, las carencias en protección social y la falta de educación formal son las principales causas de este problema.
Factores que llevan a nuestra infancia y adolescencia a ser cooptados por la delincuencia organizada con total impunidad.
Cualquier actividad laboral a temprana edad tiene un efecto negativo en el desarrollo psíquico, físico, emocional y educativo de las y los menores de edad, ya que constituye un obstáculo para el disfrute de sus derechos.
El trabajo infantil niega a las niñas y niños el derecho a una infancia digna, a una buena educación y a crecer seguros y protegidos contra todo daño, y qué decir si éstos “trabajan” para el crimen organizado.
Necesitamos impulsar una agenda de cero tolerancia al trabajo infantil y a que sean cooptados por la delincuencia organizada; garantizar espacios seguros con educación y alimentación; emitir un plan nacional para su erradicación y establecer programas específicos para jornaleros y sus familias.
Es urgente y necesario respaldar a las madres y padres trabajadores para evitar el trabajo infantil; la desaparición de las estancias y la deserción escolar han incrementado que nuestra niñez se incorpore al mundo laboral.
La deserción escolar de cinco millones de niñas, niños y adolescentes, sin duda los llevará, a una buena parte de ellos, a las filas del trabajo, o peor aún, a las filas del crimen organizado.
Hoy, lejos de avanzar en beneficio de la infancia y de la adolescencia, las condiciones de nuestras niñas, niños y adolescentes son peores de lo que ya eran hasta hace poco tiempo, bastante malas en general.
