Ya no es un tema nuevo, en todos los sectores económicos y segmentos de la población la queja es unánime por el inusitado incremento de los precios. Si bien con datos recientes se aprecia que la inflación rompió su tendencia al alza en mayo al alcanzar una tasa anual de 7.65% desde 7.68% en abril, su nivel sigue muy alto y en valores que no se registraban desde 2001.
Desafortunadamente, por las causas que dan origen a la subida de precios, el golpe dista de ser parejo y afecta a la población más desprotegida. Persisten las presiones de consideración en las cotizaciones de alimentos y energía. Si medimos el crecimiento del INPC respecto al año pasado vemos que los componentes que más afectan el bolsillo de la población muestran tasas muy altas: los alimentos procesados crecen en mayo 9.53%, los bienes agropecuarios 13.1%, los energéticos 6.31% (ello a pesar de la contención de los precios de la gasolina y del gas LP).
La inflación subyacente (componente más importante del INPC) medida a tasa anual avanza 7.28%, el mayor registro desde diciembre de 2000, acumulando 18 meses ininterrumpidos de tendencia al alza.
Este crecimiento de los precios que parece no contenerse tiene sus causas fuera de las fronteras de nuestro país. La guerra entre Rusia y Ucrania ha exacerbado las presiones inflacionarias que se desataron por la pandemia de Covid, a saber, el fuerte crecimiento de los fletes y de los precios de las materias primas internacionales (petróleo, metales y alimentos, principalmente). Además, el rompimiento de las cadenas de suministro ha generado una escasez de insumos que alienta mayores presiones inflacionarias.
Bajo estas condiciones no sólo los consumidores se ven afectados, también las empresas —de todos los tamaños— tienen problemas por la alta inflación, que ven afectados sus márgenes de ganancia de manera importante ante la imposibilidad de trasladar los aumentos en sus costos a precios finales ante una demanda que sigue sin recomponerse plenamente después de la crisis.
Un panorama muy complicado frente al cual las autoridades dan respuesta en la medida de sus posibilidades. Por el lado del Gobierno federal, en coordinación con el sector empresarial, aplica el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) cuyo alcance será bastante limitado. Asimismo, el gobierno impulsa el crecimiento de la oferta interna de alimentos y energía, pero que, si bien se trata de medidas adecuadas, su impacto sobre la inflación llevará tiempo.
Queda el quehacer principal de la lucha contra la inflación por el lado del Banxico, que es la institución responsable de cuidar el poder adquisitivo de la moneda, es decir, de contener la inflación. Para ello, la autoridad monetaria ha venido implementando una política monetaria basada en continuos incrementos a la tasa de interés.
El mecanismo es sencillo, el banco central sube la tasa de interés, encarece el crédito, frena la demanda y promueve el menor crecimiento de los precios. El punto aquí es que las causas que dan origen a la inflación no derivan de un exceso de demanda, sino de factores estructurales que inhiben la oferta. Si bien los incrementos en la tasa de interés favorecen la contención de las expectativas inflacionarias, Banxico tendrá que evaluar muy bien si los incrementos deben ser tan o más abruptos de lo que hace la Fed en Estados Unidos. Frenar la economía más allá de lo necesario tiene un costo muy alto en términos de bienestar social.