En las semanas recientes, el sistema de justicia de Gran Bretaña ha recibido una atención inusitada en las noticias internacionales. Esto debido a un par de decisiones legales cuyas consecuencias van más allá de sus fronteras.
La primera se refiere a la cancelación el 14 de junio del primer vuelo con solicitantes de refugio que, habiendo arribado a Gran Bretaña, serían expulsados a Ruanda. El esquema, que permite el traslado de los refugiados se concretó en abril pasado después de un año de negociaciones entre ambos países. Sus términos prevén que los migrantes varones solteros que arriben a suelo británico, vía terrestre o marítima, serán enviados al país del este africano sin tener oportunidad de exponer las razones para solicitar refugio. A cambio, Ruanda recibirá anualmente 140 millones de euros y se compromete a integrarlos a su sociedad en igualdad de condiciones al momento de solicitar empleo o asistencia médica.
Varias organizaciones sociales impugnaron ante tribunales británicos y europeos la salida del vuelo. Gracias a esto, consiguieron que la lista de expulsados se fuera reduciendo paulatinamente. Así, cuando la Corte Europea de Derechos Humanos (tribunal cuya existencia no deriva de la Unión Europea a la cual Gran Bretaña ya no pertenece), emitió una resolución que impedía la expulsión de un refugiado iraquí, el gobierno británico decidió cancelar el vuelo con destino a Kigali. No obstante, el Ministerio del Interior declaró, en un guiño ante el electorado que exige mayores controles fronterizos, que persistirá en expulsar a los migrantes por esta vía.
La segunda decisión legal se refiere a la orden, emitida por el ministerio del Interior el 17 de junio, para extraditar a Estados Unidos a Julian Assange. El gobierno británico señaló que sus tribunales no han encontrado que la extradición sea incompatible con los derechos humanos del fundador de WikiLeaks. Específicamente negó que el proceso para extraditarlo sea opresivo, injusto o un abuso procesal, pues en Estados Unidos tendrá derecho a un juicio justo, a ejercer su libertad de expresión y a ser tratado en forma apropiada. Recordemos que la situación legal de Assange se modificó radicalmente en abril de 2019 a raíz de que le fuera retirada la protección diplomática del gobierno de Ecuador en cuya embajada en Londres se encontraba asilado desde 2012 (cuando recibió la protección diplomática del gobierno de Rafael Correa). La decisión del Ministerio del Interior no implica la salida inmediata del activista australiano, pues su defensa tiene 14 días para impugnarla. No obstante, la posibilidad de que el gobierno estadounidense juzgue a Assange por la publicación de miles de archivos clasificados es cada vez más cercana. De ser encontrado culpable de los 18 cargos penales por los que es acusado en Estados Unidos, enfrentaría una pena máxima de 175 años de prisión. A la vista de ambas resoluciones, no deja de ser paradójico que Gran Bretaña siga reivindicándose en foros internacionales como la primera nación defensora de los derechos humanos.