En plena ola de críticas y cuestionamientos que motivó su anuncio de que con un “acuerdo”, la Guardia Nacional se incorporaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que además de enviar al Congreso una reforma constitucional para ello, propondrá una ley secundaria —como lo hiciera en el caso de la Eléctrica— y que será el Poder Judicial el que resuelva su aplicación, “en caso de que los traidores a la patria presenten una controversia”.
De esa manera y sabedor de que su reforma para que la GN se incorpore a la Sedena, por ser una reforma a la Carta Magna, no alcanzará la mayoría en la Cámara de Diputados para ser aprobada, con la ley secundaria que hará llegar a San Lázaro, volverá a dejar en manos de los ministros de la Suprema Corte su fallo que, como en el caso de la Eléctrica, tendría que ser aprobada con el voto de la mayoría de sus 11 integrantes, que dejó a ésta en entredicho de cara a la sociedad.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Aprobada en su momento la creación de la Guardia Nacional, con la integración de quienes formaban parte de la Policía Federal y efectivos del Ejército para realizar tareas de seguridad, se acordó que tendría mando civil, lo que se incumplió porque desde entonces ha estado bajo mando militar y su labor policíaca no ha dado los resultados esperados para abatir la violencia en el país.
Y no sólo eso, ya que si bien la preparación de la mayoría de los elementos es militar, en las tareas para las que fue conformada la GN, que son las policíacas, han carecido de efectividad, como lo revelan los índices de criminalidad que lejos de disminuir, han registrado incrementos alarmantes en la casi totalidad de las entidades federativas, además de que su presencia en algunos municipios ha originado quejas, protestas y hasta agresiones y retenciones por grupos locales, azuzados en muchos casos por grupos criminales.
Ante la imposibilidad de frenar la inflación, que por segundo mes consecutivo rebasó la tasa anual de 8 por ciento, al llegar a 8.15, arrecia el reparto de culpas no solamente de funcionarios de la Secretaría de Hacienda al Banco de México, sino también entre empresarios: unos que confiaban en que se lograría abatir el alto índice con las medidas puestas en marcha, y otros que auguraban que sería difícil hacerle frente, como hoy ocurre.
Los que sí, y más, saben de legislación electoral, coinciden en el Parlamento Abierto opositor en la Cámara de Diputados: llaman a defender al INE y a un rechazo rotundo a la pretensión de “desaparecerlo”, con una iniciativa del Ejecutivo Federal.
