Ganaban dos mil pesos a la semana algunos de los mineros de Sabinas que quedaron atrapados. Que el Estado mexicano aumentara el salario mínimo en años recientes de poco les sirvió. Decretar una línea oficial de ingreso base obligatorio no es lo mismo que aumentar salarios reales y mejorar condiciones de trabajo. Quien labora sin condiciones mínimas de seguridad o en la informalidad con percepciones inferiores al mínimo formal, sabe lo falaz que es que los políticos se ufanen diciendo que han recuperado el poder del salario.
Cierto, el oficio de minero no es el único peligroso y mal pagado. No es raro que los técnicos que trabajan en plantas eólicas sufran lesiones. Las caídas desde las turbinas son frecuentes, pero pocas suelen causar la muerte, como sí ha ocurrido ya tantas veces en los pozos de la región carbonífera de Coahuila. ¿Cuándo has oído, estimado lector, que una planta solar o eólica se derrumbe sobre decenas de sus trabajadores y los deje ahí atrapados?
En cuanto al salario, al empezar a laborar en una planta eólica o solar desde los niveles más bajos, un trabajador obtiene un ingreso similar al que tienen los mineros del carbón, pero es posible para él capacitarse, progresar y llegar a obtener percepciones considerablemente mayores, con menores riesgos para su vida.
A lo anterior hay que sumarle el hecho de que el Estado mexicano tiene la obligación jurídica de dejar progresivamente atrás los pozos de carbón y las carboeléctricas, por excesivamente contaminantes.
Existen en operación en el país tres grandes centrales carboeléctricas: dos en Nava, Coahuila, trabajando desde 1982 y 1993 cada una. La tercera en el municipio de La Unión, Guerrero, funcionando desde 1993. Las tres han cumplido su ciclo y éste debe cerrarse. Así lo decidimos como país dentro de la “Alianza global para el retiro progresivo del carbón mineral”, durante las negociaciones del Acuerdo de París de 2015.
En la misma dirección, México se comprometió ante la comunidad internacional a la meta no condicionada de reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Ello implica disminuirlos en 30% en el sector eléctrico. ¿México tiene palabra? ¿No mentir, no traicionar? En 2018 fue reformada la Ley General de Cambio Climático para reconocer que el Acuerdo de París, de 2015, sea parte de la política climática nacional. ¿Tenemos Estado de derecho?
El Estado mexicano no ha comenzado la transición energética, ahí donde se requieren nuevos empleos que hagan socialmente posible el cierre de las centrales carboeléctricas. Esta omisión viola una obligación internacional y legal, pero, más importante aún, empuja a los mineros a seguir arriesgando su vida a cambio de poco. La tragedia del pozo El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, refleja la adicción de los políticos al carbón mineral. No sólo los mineros atrapados deben ser rescatados (cuando esto escribo aún queda esperanza), sino todos los demás. Son esclavos de una actividad peligrosa, injusta, contaminante e innecesaria.