Que desde la Secretaría de la Defensa se enfrente a la delincuencia organizada del país, no es una mala estrategia, sobre todo en un momento en el cual los grupos criminales buscan apoderarse del país.
Hay que ser realistas, desde que desapareció la Policía Federal, sólo la Semar y la Sedena pueden garantizar la seguridad nacional.
Las policías estatales funcionan bien en pocos estados: la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Yucatán, y en parte en el Estado de México. Y es porque sólo en esos cuatro estados se ha invertido en capacitación y en controles de confianza como debe ser.
Pero el resto del país no tiene esas policías y en muchos estados no pueden hacerles frente a los grupos criminales.
Hace apenas unos días en Culiacán, Sinaloa, asumía el cargo el subdirector de la Policía Municipal, Juan Miguel Silva Alvarado, ese mismo día mientras realizaba un operativo de vigilancia a bares y cantinas, fue asesinado enfrente de sus elementos policiacos.
El mensaje del crimen organizado fue clarísimo, ahí mandan ellos.
Mientras que en Guanajuato el blanco fue Víctor Manuel González Espinoza, mando en Valle de Santiago, con su homicidio sumaron 34 policías asesinados en lo que va del año en la entidad.
Y Zacatecas fue otro estado donde el pasado domingo reportaron el asesinato de dos policías, tras el ataque a la comandancia en el municipio de Luis Moya.
Más allá de que estemos de acuerdo en que se necesita una Guardia Nacional fortalecida y que sí tenga continuidad en el 2024 cuando tengamos un nuevo Presidente, las formas del Ejecutivo federal no pueden ser más desafortunadas. Sobre todo, cuando durante años, muchos miembros de Morena, incluyendo el propio Presidente, cuando era opositor, lanzaron una campaña contra la supuesta militarización del país, por la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. Hemos visto fotos y videos de todos ellos con esa leyenda.
El anuncio del pasado lunes 8 de agosto, en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por decreto la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Defensa, sin que el tema sea analizado en el Congreso, ha llevado el tema a un debate que tendría que transcurrir por otros caminos.
Garantía para la seguridad del país
Más allá de si debe o no estar esta institución bajo el mando castrense, se pone de manifiesto que el Gobierno no se puede saltar la Constitución.
Es de todos conocido que la Guardia Nacional opera desde su inicio como parte de la Secretaría de la Defensa. Su jefe, Luis Rodríguez Bucio, es un general retirado, además, de los más de 100 mil 200 elementos con los que cuenta la corporación, la mayoría son militares y marinos prestados del Ejército y la Armada.
En los hechos la Guardia Nacional ya opera desde la Sedena.
La oposición dice que “un decreto no puede estar por encima de nuestra Carta Magna, la Constitución establece muy claramente que la Guardia Nacional debe tener un mando civil por un lado y, en segundo lugar, que deberá estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
El Presidente rompe su propia reforma establecida a inicios de su sexenio, porque uno de los cambios constitucionales, aprobado en 2019, señalaba el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles en los siguientes cinco años.
Es decir, al terminar su administración, la Guardia Nacional, como un cuerpo civil, se haría cargo de la seguridad, ésa era la apuesta inicial.
Recordemos que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, la corporación fue adherida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Con esta decisión comenzó el desmantelamiento de la Policía Federal, la única fuerza de seguridad federal civil que existía hasta ese momento, creada en el sexenio de Ernesto Zedillo, en 2009.
Era trabajo de la Policía Federal prevenir y combatir la comisión de delitos en coordinación con los tres órdenes de Gobierno. La extinta Policía Federal, en el sexenio de Peña Nieto, estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, particularmente a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), y la mayoría de sus mandos eran civiles.
Se espera que la decisión del Gobierno federal sobre la Guardia Nacional llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mismo Presidente dijo que si existe una violación a la Constitución de México, el poder judicial lo resolverá.
Actualmente, la SCJN tiene una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad y al menos dos amparos en revisión para definir la constitucionalidad de la Guardia Nacional y el uso de las Fuerzas Armadas en labores policiacas, se trata de recursos impulsados en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y México Unido contra la Delincuencia.
Actualmente, la Guardia Nacional ha hecho un buen trabajo, pero como en toda corporación nueva falta tiempo para que se perfeccione. Ha trabajado en los sitios más vulnerables del país, sobre todo donde opera el narcotráfico, pero la estrategia de “abrazos, no balazos”, no ha permitido que se controle la violencia en muchas zonas de México, y sí hemos visto a muchos elementos militares y de la Guardia agredidos por los criminales.
La Guardia Nacional también se ha hecho cargo de operativos, desde programas sociales hasta la contención de migrantes que ingresan a México en caravanas rumbo a los Estados Unidos.
El debate está mal encarado: lo que se tiene que discutir es qué tipo de seguridad queremos, qué policía y asumir que sin la Guardia Nacional nos quedamos simplemente sin nada.
