Agosto de 2022 será un mes que se recuerde por la confrontación directa del crimen organizado a gobiernos y empresas. No es que en los últimos meses, años, sexenios no haya ocurrido, pero uno se resiste a pensar en estos eventos como algo normal y que deba pasar inadvertido.
Este mes, en ciudades de Jalisco, Guanajuato, Baja California y Chihuahua grupos criminales han incendiado decenas de comercios, autos, camiones y realizaron bloqueos en carreteras y calles. Una particularidad, no menor, de estos eventos, son las agresiones que recibió la población civil a la que se le obligó a bajar de sus vehículos y del transporte público a la fuerza.
En Jalisco y Guanajuato, los eventos ocurrieron luego de un operativo de la Sedena que respondió a un aviso de presencia de personas armadas, sin advertir que se trataba de una reunión donde estaban presentes dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación: El RR y El Apá. La llegada del Ejército a la reunión resultó en una balacera que se extendió a dos estados del país, provocando bloqueos, incendios y caos.
En Chihuahua, un enfrentamiento entre miembros del Cártel de Juárez y el de Sinaloa en una cárcel estatal se extendió a las calles e inmediaciones, que resultó en nueve civiles inocentes acribillados. Al día siguiente, en Baja California, el caos se replicó: incendios y bloqueos.
La respuesta oficial por parte del Gobierno nos es conocida. Para los encargados de la seguridad nacional estos eventos se tratan de “propaganda”. Aun cuando el resultado fue la muerte de civiles inocentes, comercios incendiados y la propagación del terror entre la población que vive en las ciudades afectadas, el Gobierno federal lo entiende y lo explica como la manifestación de la debilidad del crimen organizado.
Esta respuesta no tiene sentido. El crimen organizado demostró, una vez más, su capacidad de organización y de sembrar terror en la población en cuatro estados del país que, dicho sea de paso, están dentro de los 10 estados que más porcentaje del PIB aportan a México. Sumado a ello, no es del todo claro por qué en pocos días y de manera coordinada sucedieron estos eventos como resultado de un operativo que no tenía como objetivo y ni consiguió, de acuerdo con las autoridades, la captura de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Merece una mención especial, por preocupante, la conferencia de la alcaldesa de Tijuana que exigió a los criminales no meterse con la población civil y que se encarguen únicamente de aquellos que no pagaron sus facturas. Más allá de lo desafortunado de la declaración, lo que debe indagarse y aclararse es si la política local mantiene conversaciones y acuerdos con el crimen organizado para permitir la gobernabilidad que, este mes y por causas inconfesables y desconocidas para la población, parece que se rompieron.