Jesús Murillo Karam, quien fuera procurador General de la República en 2014, cuando fueron desaparecidos los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, fue detenido el viernes pasado. Es acusado de desaparición forzada y de tortura.
Informe desata nuevas judicializaciones
La Fiscalía General de la República (FGR) también ha librado otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares, personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales. Sólo hay 4 órdenes de captura para miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, responsables directos de la desaparición de los estudiantes.
Se sabe que a los jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se les convocó para ir a Chilpancingo a “botear”, para conseguir dinero. Secuestraron varios camiones y fueron llevados a Iguala.
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, estaban trabajando con un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Tres de los hermanos de Pineda Villa eran líderes de este grupo. Ella se encontraba en un mitin y se le dijo que llegarían a boicotear al acto integrantes de Los Rojos, un grupo enfrentado con Guerreros Unidos, por lo cual la policía de Iguala, muy ligada al cártel de Guerreros Unidos, detuvo a los jóvenes. Desaparecieron desde entonces y se presume que fueron asesinados.
En ese 2014, el Gobierno federal del presidente Peña Nieto dejó de inicio el caso en las manos del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre. Los Abarca–Pineda eran cercanos al gobernador, todos del PRD. Se sabe que antes de ser detenida y cuando se dio a la fuga, Pineda Villa visitó al entonces gobernador Aguirre.
Eran los años del famoso Pacto por México, Peña Nieto quería el apoyo de Ángel Aguirre para pasar las reformas. Por esa razón nunca se investigó al entonces gobernador ni su cercanía con la señora Pineda Villa, ni los vínculos de su familia con los Guerreros Unidos. Una serie de errores graves por pactos políticos.
En el 2014 el padre Alejandro Solalinde me contó en una entrevista que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados. Fue un escándalo, pero tenía razón. Los estudiantes habían sido confundidos por el grupo criminal de Guerreros Unidos de pertenecer al grupo contrario, el de Los Rojos.
A casi ocho años de distancia, tan sólo se han identificado restos de tres estudiantes: Jhosivani Guerrero, Christian Alfonso Rodríguez y Alexander Mora.
El caso, además de la tragedia humana, nunca ha dejado de ser político. Lo que en un principio durante la administración de Peña Nieto se pensó como un pacto al no detener al entonces gobernador, la oposición, ahora en el poder, tomó la bandera de Ayotzinapa. Ahí está por ejemplo Epigmenio Ibarra, quien durante años hizo un pase de lista con el nombre de los jóvenes, y hasta Layda Sansores, ahora gobernadora de Campeche, se hizo un vestido con las caras de los estudiantes.
José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014, cuando se escondían en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ojo, es factible que bajo las nuevas investigaciones pudieran quedar en libertad.
El 17 de septiembre del 2020 se informó que sólo una causa penal mantiene en prisión a la pareja, es por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, debido a que lograron echar abajo cada una de las demás acusaciones que consignó en su contra la entonces Procuraduría General de la República.
Del grupo criminal Guerreros Unidos, los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes, se encontraban detenidos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, quien fue detenido en 2015, pero cuatro años más tarde, en 2019, quedó en libertad tras argumentar que sufrió tortura durante su detención, que lo obligaron a confesar un delito que dijo no cometió.
Lo mismo ocurrió con sus sicarios, quienes fueron detenidos antes, en noviembre de 2014, Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; y Salvador Reza Jacobo, El Wereke, todos aseguraron que las órdenes las dio Gildardo López. Pero siguieron el mismo argumento de El Gil y también fueron puestos en libertad en 2019, dijeron que bajo tortura fueron obligados a confesar que participaron en el caso Ayotzinapa.
En Todo Personal tuvimos acceso a las declaraciones de estos cuatros sicarios: El Chereje, El Pato, El Jona y El Wereke.
Confesaron que asesinaron a por lo menos 15 estudiantes normalistas, que les entregaron con vida jefes policiales de Iguala y de Cocula. Cada uno de esos cuatro sicarios relataron por separado que varios ya habían muerto “por asfixia”, de acuerdo con declaraciones integradas al expediente de la antes PGR en 2015.
En ningún momento se ven coaccionados o que hayan sufrido tortura, sino de forma tranquila van narrando a quien les hace las preguntas que las órdenes venían desde arriba y que ellos buscaban a un infiltrado de Los Rojos que incluso se hizo pasar como estudiante.
Pero El Gil y estos cuatro presuntos autores materiales no fueron los únicos liberados cinco años después de la desaparición de los jóvenes.
El 15 de septiembre de 2019, la FGR informó que el juez de distrito que lleva el caso Ayotzinapa liberó a los policías locales procesados, entre ellos Felipe Flores, quien el 26 de septiembre de 2014 era el secretario de Seguridad Pública de Iguala.
Así como a 21 policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, quienes permanecían en el penal federal de Tepic, acusados del secuestro de los jóvenes.
Para junio de 2020, las autoridades detuvieron a José Ángel Casarrubias, uno de los responsables de la ejecución de los estudiantes, pero es procesado por otros delitos, no por el caso Ayotzinapa.
Su hermano, Sidronio El Chino, fue vinculado al caso de los estudiantes y es de los pocos detenidos.
En el informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se habla de un joven militar que estaba infiltrado entre los desaparecidos y eso vinculaba a algunos militares con la desaparición de los jóvenes. Lo que no se dijo, es que ese joven militar, también fue asesinado por los grupos criminales de Iguala. De él y lo que ha sufrido su familia, nada se dice.
Una tragedia por donde se vea, y un caso más político que de justicia verdadera. Mientras tanto, los sicarios que mataron a los jóvenes están en libertad, Murillo Karam, quien atrajo el caso semanas después, está detenido y hay nuevas órdenes de aprehensión. No se hace justicia y los sicarios están libres.
