La resolución de hace unos días de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a medios electrónicos de comunicación, particularmente en su vertiente editorial y noticiosa, dejó abierta la puerta para vulnerar la libertad de expresión en México.
La ambigüedad de la SCJN para declarar inconstitucional la obligación de medios para diferenciar entre un contenido informativo versus uno de opinión, abre la posibilidad para que, por la vía legislativa, el Congreso de la Unión pueda hacerlo valer con una reforma a la ley.
Además de la inusual demora de varios años para resolver este asunto, ahora la Corte resuelve con tibieza. Evidentemente esto no pasó desapercibido para concesionarios de radio y TV en el país, y a través de la cámara que los representa, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) se pronunciaron al respecto.
En un comunicado emitido el día de ayer la CIRT manifiesta “su preocupación de que se ponga en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. El Máximo Tribunal de la nación, abre la posibilidad de que, mediante cambios al marco legal impulsados a través del Congreso, el Estado mexicano ejerza presión sobre la forma en que se transmite información noticiosa, bajo el pretexto de hacer efectiva una obligación solo a las concesiones de radio y televisión mexicanas de tener que diferenciar ente información y opinión entre otras violaciones a la libertad de expresión.”
Asimismo, la CIRT también señala que, de verse obligada, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de expresión en nuestro país.
Como si fuera poco, también la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) emitió un comunicado con preocupaciones muy similares a las señaladas por la CIRT. Hace énfasis en la desproporcionalidad de las sanciones a las que estarían expuestos los concesionarios, de ser el caso, “que llegan al grado de prever la suspensión “precautoria” de las transmisiones radiodifundidas de estaciones de radio o canales de televisión mexicanos, o una sanción económica del 3 por ciento de los ingresos anuales por cada infracción, serán un factor que inhibirá el ejercicio pleno de la libertad de expresión en México”.
Al parecer esta batalla entre el Estado mexicano y los medios de comunicación electrónicos no llega a su fin, y la SCJN deja amplios resquicios para que los concesionarios de radio y TV se vean obligados a esta diferenciación entre lo que es una noticia y lo que es una opinión.
Habrá que estar muy pendientes del engrose de la Corte y de las decisiones que tomen Ejecutivo y Legislativo a este respecto. Sobre todo de cara al proceso electoral de 2024.
