La resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desechar —por fallas de proceso en la Cámara de Senadores— la acción de inconstitucionalidad con que la izquierda pretende imponer un bozal a la radio y televisión motivó la sólida reacción de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, que dirige Miguel Diez, de la Cámara Nacional de la Radio y Televisión, que lidera José Antonio García, y de la Sociedad Interamericana de Prensa, que preside Jorge Canahuati, pues advierten que la Corte dejó cambio abierto para que el Poder Legislativo imponga control sobre radio y televisión tal y como promueven personajes como Irene Levy, María Elena Estavillo, Adriana Labardini y Jenaro Villamil so pretexto de “defender los derechos de las audiencias”.
Es curioso que mientras Andrés Manuel López Obrador señala constantemente que “prohibido prohibir” y que en su gobierno no se censura a nadie, el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como seguidores del actual régimen, promuevan con tanto ahínco la peregrina idea de que conductores y comentaristas en radio y televisión estemos obligados —ante un censor gubernamental— a diferenciar opinión de información y sujetos a sanciones económicas que asfixiarían a las empresas concesionarias e incluso expuestos a la suspensión fulminante de transmisiones.
Ello, porque esa izquierda asegura que las personas y ciudadanos son tontos, menores de edad mentales a los que deben protegerse de las peligrosas ideas que cuestionen la verdad encarnada en verbo oficial.
El multitudinario reclamo exige al Estado Mexicano expulsar cualquier factor que dañe la libertad de expresión, pues se teme que las fisuras legales permitan imponer en México medidas restrictivas (disfrazadas de lenguaje políticamente correcto) como se ha hecho en Nicaragua, El Salvador y Venezuela; y que, a una industria de radiodifusión mexicana, ya de por sí sobrerregulada, se le haga competir atada de manos ante las plataformas digitales que no tienen restricción alguna.
Los 11 ministros que encabeza Arturo Zaldívar optaron evitar discutir el fondo, el derecho humano irrenunciable a la libertad de expresión, y dejaron abierta la puerta para que el Poder Legislativo defina si procede o no la contrarreforma que se pretende contra la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2017… donde muchos senadores y diputados que se frotan las manos con la sola idea de controlar los programas de radio y televisión.
Primer carguero al AIFA. Hoy, al filo de las 9:45 a.m. se espera que llegue el primer avión carguero al Felipe Ángeles, un aparato de AeroUnion, que dirige Jaime Melara, proveniente de San Diego, pero que debido a las restricciones de la Categoría 2 de Aviación, previamente hará escala en el Aeropuerto de Tijuana. Con este vuelo inician el arribo de aviones con carga para surtir los pedidos de los 12 recintos construidos y adjudicados por el aeropuerto dirigido por el general Isidoro Pastor. El vuelo procedente de China se reagendó por cuestiones de pedimentos aduanales, pero será el próximo en arribar; por supuesto, al recuperarse la Categoría 1 de Aviación que determina la Federal Aviation Administration, el AIFA podrá incrementar rápidamente vuelos de carga desde y hacia EU y eventualmente los vuelos de pasajeros.
No pagan al AICM ni a ASA, pero no se van. Vaya asunto con Aeromar, que dirige Danilo Correa, y Magnicharter, de Luis Bojórquez, que acumulan deudas por servicios ante el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo del contraalmirante Carlos Velázquez, y de combustible ante Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que lleva Oscar Argüello: no pagan, crece su deuda, pero no se quieren ir al Felipe Ángeles, donde, por cierto, tampoco ven con buenos ojos iniciar una relación comercial con cartera vencida. Ambas aerolíneas tienen una pata en la tumba, pero no les quieren decir.
Carlos Joaquín, al gabinete. Pues que ya está en cuenta regresiva la terminación de la gubernatura de Carlos Joaquín González en Quintana Roo, quien pasará el mando a la morenista Mara Lezama el próximo 25 de septiembre. Y con ello, también se acerca la posible incorporación del próximamente exgobernador al gabinete presidencial… lo cual sería nada menos ni nada más que en la Secretaría de Turismo, hoy a cargo de Miguel Torruco, dada la vocación del estado que gobernó.