La impartición de justicia es uno de los grandes problemas en que por más que se trata de transformar y cambiar, no se le puede liberar de sus rezagos.
El sistema de justicia se encuentra, en muchas de sus áreas, carcomido. Es cuestión de seguir el debate que tenemos sobre las cárceles para darnos cuenta el estado de las cosas.
Gran cantidad de personas detenidas sin que hayan sido enjuiciadas, altos niveles de corrupción al interior de ellas, un descomunal rezago en los tribunales, condiciones de trabajo que no permiten ningún tipo de depuración en los casos por parte de los ministerios públicos y jueces y, en general, un sistema que no permite ningún tipo de evolución porque prevalece la impunidad y sus problemas están enquistados.
Se ha tratado de cambiar a como dé lugar, y en muchos casos se han logrado avances que tienen que ver con la profesionalización, con inversiones al sistema penal y también con la voluntad política de algunos gobernantes.
Sin embargo, lejos estamos de transformar un sistema fundamental para el desarrollo de la sociedad. Sin justicia no hay equidad y menos aún la posibilidad de que vivamos con la confianza que puede establecerse a través de mecanismos legales que rigen la vida ciudadana.
Se requiere de un gran esfuerzo y de una genuina convicción de cambio. Lo más importante es acabar con la corrupción imperante, que es la que en buena medida determina el modus operandi de las cárceles. Se han venido tomando medidas para tratar de acabar con la delincuencia en todos los órdenes y por ello se han extendido las atenuantes para quienes violen la ley.
Se ha hecho tratando de proteger al máximo a la sociedad, el problema radica en que no se hace justicia y quienes son encarcelados enfrentan un largo camino para intentar ser liberados, incluso en el caso de que sean inocentes.
Los más pobres no tienen elementos que les permitan ser defendidos y menos de contratar un abogado. Se ha establecido un círculo perverso porque con la gran cantidad de atenuantes -que insistimos en algunos casos tienen razón de ser- se detienen a muchas personas para después investigar la razón de ello.
La lista que se dio a conocer la semana pasada de algunos jueces señalados por lo que se presume son actos de corrupción, no tiene sentido por qué no se dio a conocer el porqué de sus decisiones. Cada caso es distinto, y si bien se reconocen las irregularidades señalando jueces desde el Ejecutivo sin que haya una demanda legal, lo único que queda es una intromisión en la división de poderes, que pasa también por actos de intimidación.
El Presidente está confrontado desde el inicio de su mandato con el Poder Judicial. Suponemos que tiene identificados los muchos problemas que existen; sin embargo, no por ello puede señalarlos de la manera en que lo viene haciendo, porque además de que se da un proceso de generalización, pasa por alto el trabajo de muchas y muchos impartidores de justicia, quienes hacen sus tareas de manera honesta y firme.
Al igual que otros asuntos en el sexenio, la forma de enfrentarlos ha sido la confrontación. Con la Corte las cosas son parecidas, el Presidente trató en algún sentido de cooptarla al proponer a cuatro ministros, pero resultó que quienes fueron elegidos están actuando como era de esperarse en función de sus conocimientos, obligaciones y convicciones.
Estamos en un callejón sin salida y lo más grave es que no hay condiciones para transformar en sus entrañas un sistema que tiene a la sociedad en vilo, desconfiada y temerosa de que por cualquier causa puede entrar en los terrenos inescrutables de la justicia.
RESQUICIOS
El viernes participamos en la reunión de radios universitarias del país en San Luis Potosí. Después de dos años de no hacerlo por la pandemia bajo la convicción en la defensa de los medios públicos, concebidos como extensión de la sociedad que no de gobierno, y el respeto a las audiencias.