Desde marzo pasado el Congreso de la Unión tuvo un diagnóstico claro sobre la seguridad informática en el país y que advertía que la Administración Pública estaría en riesgo de sufrir ciberataques que afectarían sus funciones, pero nadie hizo caso… y el pasado viernes se dio el mayor ataque cibernético al Estado Mexicano.
En la Cámara de Diputados y el Senado el tema no ha sido del mayor interés. Desde 2018 se han presentado 11 iniciativas para garantizar seguridad informática que dé certidumbre a ciudadanos y autoridades, pero diez de ellas aún no se discuten en comisiones y una esta sin dictaminarse en comisión de la cámara revisora.
Dicho por legisladores consultados, hasta el momento no ha sido una prioridad para la 4T y hay un profundo desinterés de la oposición por avanzar en este tema. Se lo ha llevado, pues, a la congeladora legislativa y no hay ni voluntad política ni interés social de sacarlo adelante.
Pero hay un ingrediente extra que no hay que perder de vista: grupos sociales, como la agrupación Artículo 19, han advertido que la iniciativa más destacada, la de la senadora Lucía Trasviña (de Morena), puede vulnerar derechos y libertades ciudadanas. Así de difícil está el asunto.
La ciberseguridad es prioritaria, no solo para enfrentar ataques terroristas o del crimen organizado que pongan en riesgo a una nación, sino para enfrentar delitos como fraudes, robo de identidad, acoso, extorsiones, estafas, violación a la privacidad, flujo de dinero ilegal, explotación sexual, pornografía infantil. Pero aquí no les interesa.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado, da cuenta de que cuatro de estas iniciativas presentadas modificarían el Código Penal Federal; cuatro buscan la creación de una Ley General de Ciberseguridad y tres reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
Además, dos de estas iniciativas piden la creación de una efeméride; una es propuesta de reforma a la Constitución; una implica modificaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana y otra a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso buscan crear la Comisión Nacional de Ciberseguridad.
Más allá del robo de información al gobierno, hay que ver también qué pasa con los ciudadanos.
A nivel local, de acuerdo con las reclamaciones hechas ante la Condusef, del total de fraudes cibernéticos al segundo semestre de 2021, dos millones 534 mil 130 fueron en comercio por internet; 119 mil 179 por banca móvil; 89 mil 324 a operaciones por Internet de personas físicas; 3 mil 76 operaciones por Internet de personas morales; y 29 pagos por celular.
El análisis del Senado apunta que el robo de identidad es uno de los pendientes en materia de ciberseguridad que más afecta a las y los mexicanos pues ha dejado pérdidas anuales por 5 mil millones de pesos y al menos 200 víctimas por mes.
Y mientras que en México parece que legislar en materia de ciberseguridad no es prioridad —pues ahora se atienden delitos de esta índole con base en el Código Penal Federal—, de qué tamaño es el problema que a nivel global es la Oficina de Lucha Contra el Terrorismo, de las Naciones Unidas, la encargada de atenderlo.
La investigación del órgano legislativo recuerda que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) realiza el Índice de Ciberseguridad Global (ICG) de forma periódica y que en la última versión (2020) México se situó en lugar 52 de 182 países evaluados, con una calificación de 81.68.
De acuerdo con los datos expuestos en el Cuaderno de Investigación 87, México se encuentra en este índice muy lejos de naciones como Estados Unidos (100), Reino Unido (99.54), Arabia Saudita (99.54), Estonia (99.48); Corea del Sur (98.52); Singapur (98.52); y España (98.52).
El pasado viernes se supo que el grupo internacional autodenominado “Guacamaya” robó 6 terabytes de información a la Secretaría de la Defensa —lo que equivale a 6 mil gigabytes o 6 000 000 de megabytes—, para ponerlo en perspectiva, un teléfono inteligente de última generación tiene una capacidad de 256 gigabytes de almacenamiento y, en promedio, una cuenta de correo electrónico tiene hasta 15 gigabytes.
Fueron miles de documentos robados, entre e-mails, capturas de pantalla, tarjetas informativas, videos, que van desde 2016 a 2022.
¿PERSECUCIÓN PANISTA?
Antes de irse del gobierno de Aguascalientes, el panista Martín Orozco dejó una historia con tufos de acoso y persecución contra uno de sus adversarios políticos a quien su gobierno metió a la cárcel y le embargó todo su patrimonio por un fraude que no se logró comprobar a cabalidad.
Hace seis años el empresario Óscar Fernando González Martínez, declinó y apoyó a Martín Orozco para que fuera gobernador de Aguascalientes, pero hoy enfrenta una embestida supuestamente apoyada por el exgobernador que lo llevó a enfrentar un largo proceso penal.
Jenny Hernández Rodríguez, abogada del empresario, ex propietario de la segunda agencia más importante de Nissan a nivel nacional, me dice que ha sufrido amenazas de Hugo Castañón Mercado, quien se ostenta en las audiencias como mano derecha de Orozco, y le ha exigido dejar el caso “por orden del gobernador”.
El empresario quedó privado de su libertad el 19 de marzo del 2020, pero de inmediato logró su libertad. Luego el Ministerio Público Fernando Adolfo Padilla García solicitó orden de aprehensión al argumentar que estaba prófugo, esto pese a que Fernández no huyo ni se negó a presentarse ante el juez.
“El ministerio público dijo que obviamente éste había quedado en libertad; sin embargo, había otra carpeta de investigación de la que nadie sabía. Entonces desde ese momento inventaron, fabricaron otra carpeta de investigación, en la que todo es lo mismo, incluso los números de registros. Sólo se realizó para que pudiera quedar privado de su libertad, nuevamente”, advierte la abogada.
Pero, antes de detenerlo a partir esta nueva carpeta que contiene los mismos datos de la anterior, se realizó un embargo precautorio de bienes, pero no sólo en su contra del empresario, sino también en contra de sus hijos. Les quitaron su empresa y el predio en donde se encontraba, aunado a que también a sus hijos se les embargaron sus bienes, por lo que perdieron su patrimonio en menos de dos años.
Actualmente, existe un amparo en donde se han hecho valer todas las violaciones procesales del caso, precisó la abogada, “es para que ni siquiera tuviera ya una etapa de juicio”, sostiene.
Aguascalientes está muy contaminado, los propios jueces de distrito han calificado de legal las actuaciones tanto del Ministerio Público como del juez de control, entonces yo le pediría a la a la autoridad Federal que este amparo en donde existen violaciones procesales y en las que no hay pruebas incriminatorias en contra de mi cliente sea atendido en otra jurisdicción que sea observado de forma completa y meramente jurídica que no se le niegue ese derecho que tiene mi representado a quedar en libertad”, expresó.
La abogada y la familia del empresario buscarán al presidente López Obrador en busca de su intervención. Un tema para abordarse con pinzas.