El empeño en negar que México esté en camino a su militarización y convencer que es el Presidente y no el Ejército, el que está al mando del país, a lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se refirió el lunes en Chiapas, continuó ayer durante la comparecencia en el Senado de los integrantes del Gabinete de Seguridad, en la que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, respondió a preguntas de los legisladores para así subrayarlo, en tanto los secretarios de Defensa y Marina, y el comandante de la Guardia Nacional, permanecieron callados.
Militarización, como se concibe a nivel internacional, dijo la funcionaria, es promover el uso justificado de la violencia del Estado, criminalizar desde un pensamiento de guerra y que los militares gobiernen, “lo que no es el caso de México, porque hay un gobierno civil y el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, y es el Presidente de la República”, palabras más, palabras menos, de lo que el día anterior sostuvo el titular de Segob.
DE ESTO Y DE AQUELLO
Que ni el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; ni el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que ocuparon lugar al lado del presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, ni tampoco el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, hablaran para que sólo lo hiciera la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que, hasta ahora, está adscrita la Guardia Nacional, pareció ser un “mensaje civilista”.
Todos ellos se mantuvieron a la expectativa, ante las voces insistentes de dirigentes de partidos políticos de oposición y de organizaciones de la sociedad civil, que han alertado sobre la militarización del país por la insistencia gubernamental en encomendarle al Ejército y la Marina no sólo tares ajenas, sino adjudicarles cuantiosos recursos de los que “por razones de seguridad nacional”, se desconoce su destino.
En su intervención en tribuna, Rodríguez presentó un informe de las tareas no sólo de su dependencia sino también de la Sedena y Semar y, desde luego, de la Guardia Nacional, sobre las distintas acciones y estrategias que han llevado a cabo para enfrentar los altos índices de violencia que prevalecen en la mayoría de las entidades federativas.
Dos jueces federales, Francisco Javier Rebolledo y Martín Santos, Sexto y Octavo de Distrito en Materia Administrativa, ordenaron suspender por tiempo indefinido el Plan Piloto de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, que la Secretaría de Educación Pública, aplicaría en 960 escuelas al inicio del actual ciclo escolar, en respuesta a amparos promovidos por la asociación Educación con rumbo.
Aniversario luctuoso de Calles y Cárdenas. Pocos lo recordaron.