Me refiero en esta entrega a dos eventos importantes de índole electoral: uno internacional, la definición de la segunda vuelta presidencial en Brasil; y otro nacional, el papelón de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con su “pronunciamiento” sobre la reforma electoral y en contra del INE.
El duelo de los populismos indeseables en Brasil se lo terminó llevando Luiz Inácio Lula da Silva, lo que marca algunos hitos interesantes. Lula rompe su propio récord de postulaciones presidenciales (6), gana por tercera ocasión e impide que el presidente en funciones —el impresentable Jair Bolsonaro— repita en el cargo, cosa que no había sucedido desde que, en los años noventa, se reformara la Constitución brasileña para permitir la reelección inmediata.
El escenario que va a enfrentar Lula a partir del 1 de enero de 2023 es radicalmente distinto al de su primera presidencia (2013). En primer lugar, por lo apretado de la elección, que ahora fue casi casi un empate, en el que la pelota cayó del lado izquierdo de la red. El 5.2% que Lula le había sacado a Bolsonaro en la primera vuelta, en la segunda se redujo a 1.8%. El ballotage, que busca que artificialmente se genere una cómoda victoria, en esta ocasión apenas alcanzó para un triunfo pírrico y hasta vergonzante.
Lula deberá enfrentar retos particularmente complicados: un apoyo legislativo minoritario; una derecha con buen músculo legislativo y que avanzó territorialmente en las gubernaturas; un país polarizado y fragmentado en extremo, donde el radicalismo de derecha tiene agenda, liderazgos y fortalezas impensables hace una década; graves problemas de pobreza y violencia extremas, en un contexto en el que el ciclo económico que en sus anteriores gobiernos se vio favorecido por el precio de las materias primas, ahora ni de lejos le permitirá —al menos en el arranque— contar con los márgenes de gasto social que antaño le permitieron sacar a prácticamente 30 millones de brasileños de la pobreza extrema, ensanchar la clase media y ser una de las economías más dinámicas de su tiempo.
En México las noticias relacionadas con temas político-electorales no son mejores. Mientras el Congreso discute una iniciativa de reforma electoral propuesta por el gobierno, claramente regresiva, autoritaria y que pondría en riesgo severo a la democracia mexicana, la CNDH decidió renunciar una vez más a sus deberes y límites constitucionales para convertirse en jubilosa porrista del lopezobradorismo (no olvidemos la vergonzante sesión en el Senado en la que se nombró a su titular y las incontables ocasiones en que ésta se ha abstenido no sólo de presentar acciones de inconstitucionalidad, sino tan siquiera de tocar al poder Ejecutivo con el pétalo de una recomendación).
El papel de patiño de la CNDH es vergonzante: tanto la recomendación 46/2022, relativa a la transformación del INE, como el “pronunciamiento” de este domingo, son abierta y rotundamente violatorios del artículo 102 constitucional, que establece textualmente que los organismos de protección de derechos humanos no tienen competencia alguna en materia electoral. Además, el texto del pronunciamiento reproduce toda la retahíla demagógica que usa el Gobierno para promover su Reforma Electoral y para atacar al INE, incluyendo las denostaciones personales contra su Consejero Presidente. En fin, todo mal.
Este disparate impresentable no logró más que recalcar la enorme importancia de cuidar que los organismos constitucionales autónomos no sean colonizados, cooptados o, en el extremo, destruidos por gobernantes con tendencias claramente autoritarias.