Las elecciones intermedias que se realizarán mañana en Estados Unidos no sólo determinarán el destino del último tramo del periodo de Biden y definirán el panorama de división camino a la sucesión presidencial en 2024. También serán una prueba de fuego para sus instituciones al ser la primera vez que una mayoría de funcionarios con abiertas pulsiones antidemocráticas llegarán masivamente al poder.
Cuando a la candidata a la gubernatura de Arizona, Kari Lake, se le preguntó si aceptaría su derrota en caso de que los resultados no le favorecieran, la única respuesta que repitió fue: “voy a ganar la elección y ése es el único resultado que aceptaré”. Lake no es una anomalía, sino que es el reflejo de una nueva mayoría republicana: de acuerdo con una revisión hecha por The New York Times, al menos 370 de los 550 candidatos a los múltiples cargos que se someterán a elección este martes —casi 70% del total— han apoyado y alimentado las noticias falsas que aseguran que la elección de 2020 fue un fraude. En su cosmovisión, la contienda democrática ya no es un espacio en el que pueden ganar o perder, sino que cualquier resultado adverso es negado en automático.
El problema principal es que muchos de estos políticos ya no sólo ejercerán una función declarativa, sino que, al ocupar puestos de gobierno como muchos de ellos harán, podrán comenzar a utilizar su cargo para dinamitar desde adentro a las propias instituciones democráticas. En el caso de los legisladores republicanos, es más que esperable que al ganar la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado —como la mayoría de análisis y estimaciones sugieren—, se conviertan no sólo en el dique en que chocarán todas las propuestas demócratas, sino en un ariete de las venganzas de Trump. Sin dudarlo, podremos esperar múltiples comités que investiguen y hostiguen continuamente al gobierno de Biden, sin descartar que incluso ahora ellos traten de aplicar la figura del impeachment o juicio político.
Pero uno de los focos rojos que hasta épocas recientes está comenzando a ser observado es que muchos de esos candidatos ocuparán también otras funciones de gobierno muy delicadas, como la organización electoral. Aparte de los 435 representantes, 35 de 100 senadores y 39 gobernadores que serán electos este martes, también hay otros funcionarios estatales que se decidirán, como fiscales generales, secretarios del Tesoro y de Estado. Éstos últimos, que se elegirán en 27 entidades, son los máximos funcionarios electorales encargados de la organización y certificación de resultados. En este caso, al menos 15 de los candidatos republicanos han hecho campaña prometiendo detener el robo de los demócratas y se han agrupado incluso en la “America First Secretary of State Coalition”, con la que han recibido millones de dólares para contender por esos cargos. En última instancia, estos funcionarios podrían no sólo hacer todavía más complicado para las minorías el voto (ya hay campañas de intimidación a quienes quieran enviar su voto anticipadamente por correo), sino, en el extremo, negarse a certificar los resultados si les son adversos. Abierta la puerta de la captura electoral por funcionarios sin convicciones democráticas, todo puede suceder.
