El tema de los deudores alimentarios en México es un problema que, a pesar de los esfuerzos por parte de colectivas y madres de familia por ser atendido, sigue sin ser solucionado debidamente. Si prestamos mayor atención a la causa de este problema, nos encontramos una vez más con el impacto de la violencia de género.
Muchas veces hemos escuchado sobre los padres ausentes, todas las personas estamos familiarizadas directa o indirectamente con este fenómeno porque lo vemos en nuestra familia o en personas que conocemos. Sin embargo, son pocas las veces que se habla sobre el impacto que puede llegar a tener la ausencia de un padre. En el nivel psicosocial, puede llegar a crear traumas en las infancias, así como problemas de baja autoestima o inseguridad, que si no se trabajan desde temprano, son más difíciles de superar al paso del tiempo. Por otro lado, las infancias y las madres, quienes quedan como únicas responsables de su cuidado, muchas veces padecen violencia económica al no recibir la pensión alimenticia.
El contexto en México es grave, de acuerdo con el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, más del 40% de la niñez en México cuenta con un padre ausente y en 7 de cada 10 divorcios los padres no pagan pensión alimenticia. Por otro lado, tenemos todos estos obstáculos que las madres de familia enfrentan, lejos de garantizar este derecho humano, en muchas ocasiones se les revictimiza, las hacen responsables del abandono y ante la negligencia y el desconocimiento de lo grave del tema, sus procesos en los juzgados civiles son aplazados y no son llevados a cabo con la perspectiva de género que requieren.
Varias colectivas feministas han luchado para que se apruebe la Ley Sabina, que consiste en 40 diferentes reformas a los códigos civiles y penales de los estados mexicanos, para garantizar que todos los deudores alimentarios cumplan con su obligación y se garantice este derecho. Diana Luz Vázquez Ruiz, del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, le otorga ese nombre a la Ley en honor a su hija Sabina, por quien ha luchado para que se reconozca el parentesco y se le otorgue pensión alimentaria.
Lo que más destaca de esta propuesta legislativa, es la creación de un registro nacional y registros estatales de deudores alimentarios, la cancelación y no expedición de pasaportes y licencias de conducir a los deudores, así como su ingreso a Buró de crédito. Éstos son algunos de los puntos que comprende la Ley Sabina. Es de resaltar también el esfuerzo que han realizado madres de familia en actividades como los tendederos de deudores alimentarios y la “patrulla feminista”, esta última tiene como función recorrer los centros de trabajo de los padres deudores, para recordarles que tienen que cumplir con su obligación.
Todo este trabajo y esfuerzo, además de ser reconocido en nuestra sociedad como un acto de valentía y de lucha por los derechos de las mujeres, debe ser llevado a nuestras legislaciones, tanto en la nacional como en las estatales, para que de esta manera la Ley Sabina sea un respaldo para aquellas mujeres e infancias, que enfrentan una sociedad machista llena no sólo de padres ausentes, sino también de jueces y funcionarios que revictimizan.