A pesar de la manifestación popular de hace unas semanas en defensa del INE, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha empujado la propuesta de Reforma Electoral del Presidente de la República. A pesar de que un sector importante de la población se ha manifestado en contra de modificar el funcionamiento de los órganos electorales, el oficialismo está buscando, por medio de esta reforma, que se destituyan a los actuales consejeros y magistrados en febrero, para que sean sustituidos por funcionarios electos en voto popular. Lo anterior, de cara a las elecciones del Estado de México y Coahuila, en junio de 2023.
Esta iniciativa es aún más radical que la propuesta original del Presidente, presentada en abril de este año, porque acelera la sustitución de los funcionarios. Salvo eso, propone los mismos ejes de la reforma sugerida por el Ejecutivo: transformación del INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; elección popular de magistrados y consejeros electorales, luego de que el Presidente, el Congreso y la SCJN envíen sus respectivas propuestas; disminución del financiamiento público a los partidos y listas partidistas estatales para la elección de congresistas.
Aun cuando el oficialismo ha decidido darle para adelante con esta reforma más que criticada, parece que el PRI ha regresado a la coalición opositora del PAN y del PRD, con lo cual las probabilidades de que Morena pueda modificar el sistema electoral por medio de una reforma constitucional es altamente improbable. Lo único que le quedaría al oficialismo es modificar la legislación secundaria, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ejemplo. Si bien no es del todo claro cuáles serían las modificaciones que impulsará la bancada del Gobierno, el impacto en el sistema electoral será matizado y fungirá más como una herramienta política para señalar a la oposición como enemiga de la democracia y para que el Ejecutivo pueda salir al público para vender estas modificaciones como una victoria por la democracia.
Este movimiento, que parece ser cada vez más probable, es un ejercicio que ya ha realizado el Gobierno mexicano en materias de seguridad pública y energética, en donde al no alcanzar las mayorías calificadas que exigen las reformas electorales, deciden hacer “algo” para generar la percepción en la ciudadanía de que algo está cambiando. Es un juego en donde se procura más la imagen contestaria del Gobierno que el buen funcionamiento de las instituciones, por lo que la consecuencia es que, aunque las reglas puedan ser constitucionales, no armonizan con el funcionamiento real de las instituciones o el desempeño económico de diferentes sectores, generando distorsiones no por una lógica jurídica, sino política y coyuntural.
