El pasado martes, la Suprema Corte estadounidense emitió una resolución respecto a las declaraciones impositivas del expresidente Trump. Recordemos que, incluso antes de ocupar la presidencia del país vecino, el empresario se ha rehusado a hacerlas públicas.
Desde 2019, integrantes de un comité legislativo de la Cámara de Representantes han intentado analizar las cuentas del expresidente con la hacienda pública. Según Trump, es una investigación sesgada por intereses partidistas que sólo busca debilitarlo políticamente; de ahí que haya acudido a los tribunales para impedirla. La intervención de la Corte es el capítulo más reciente en esta disputa. La resolución elimina cualquier obstáculo para que el Departamento del Tesoro entregue a los legisladores las declaraciones de Trump correspondientes a seis años: el previo a ocupar la presidencia, los cuatro del periodo presidencial y el año posterior.
Debe subrayarse que la decisión de la Corte se tomó sin discusión alguna. También que, aun cuando tres de los integrantes del tribunal fueron propuestos por Trump, la resolución se aprobó unánimemente. Con ésta, son ya tres veces que el máximo tribunal emite fallos contrarios al expresidente. La primera ocurrió en enero, cuando se rehusó a impedir que los Archivos Nacionales entregaran documentos requeridos por el comité legislativo que investiga el motín realizado por los partidarios de Trump en el Capitolio el 6 de enero de 2021. La segunda tuvo lugar en octubre, pues se abstuvo de intervenir en la disputa legal planteada con motivo del registro realizado por agentes del FBI en el domicilio del empresario, bajo la sospecha de un manejo inadecuado de documentos clasificados. La reacción de Trump en esta tercera ocasión fue tajante: de acuerdo con lo escrito en su cuenta de la red social Truth Social, la Corte perdió su honor, prestigio y posición, convirtiéndose en un cuerpo político en perjuicio del pueblo.
La resolución judicial aumentó la especulación en el ámbito legislativo respecto a la posibilidad de que las declaraciones impositivas, tan celosamente resguardadas por el expresidente, sean accesibles a la opinión pública. La Corte acordó que la información sea entregada a la Cámara de Representantes, pero no resolvió nada respecto a la posibilidad de hacerla pública. El hecho que el Tesoro esté controlado por el gobierno de Biden, ayudará a que los datos sean entregados rápidamente. Si bien es cierto que, en términos generales, el gobierno está impedido de revelar documentos fiscales de los contribuyentes, es previsible que información clave sobre las finanzas de Trump sea dada a conocer mediante un reporte del comité legislativo. Su presidente, Richard Neal, declaró que, gracias a la resolución de la Corte, los legisladores podrán realizar la supervisión que han intentado llevar a cabo durante más de tres años. No obstante, si pretenden determinar alguna responsabilidad contra el expresidente, deberán trabajar a marchas forzadas. Esto debido a que el 3 de enero la presidencia del comité legislativo pasará a los republicanos, quienes carecen de incentivos para acusar a su ahora precandidato.
