El martes pasado, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de reforma constitucional en materia electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cómo lo anunció desde hace semanas, inmediatamente después de esa votación, se discutió y aprobó una nueva propuesta, el famoso Plan B, que involucraba únicamente leyes secundarias, y por lo tanto requería sólo de la mayoría simple con la que sí cuenta Morena y sus aliados para ser validada.
Pero el plan B es muy distinto al plan A. Y aunque el gobierno buscó empatar el marcador y quitarle a la oposición la narrativa de victoria, lo rechazado en el plan A no es cosa menor.
Para efectos prácticos, uno de los puntos más importantes de la Reforma Constitucional que fue rechazada fue la demagógica propuesta de que los integrantes del Consejo General del INE fueran elegidos mediante el voto popular.
Es evidente que, desde principios de siglo, la elección de consejeros del IFE, primero, e INE, después, ha estado cooptada por las cúpulas partidistas. El mecanismo es perfectible. De eso, no hay duda.
Pero lo que proponía la iniciativa presidencial era muy peligroso. De acuerdo a su propuesta, los consejeros del árbitro electoral serían elegidos por el voto ciudadano a partir de una lista de nombres propuestos por los tres poderes de la Unión.
Sí, parecía atractivo ciudadanizar la elección. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. Los mexicanos hubiéramos elegido entre una lista de opciones propuesta por el Presidente de la República, donde su independencia estaría en serias dudas; por una mayoría simple del Congreso de la Unión, que tendría el mismo vicio; y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero, aunque el platillo era muy apetecible para Morena, a largo plazo pudo ser una bomba que les explotara incluso a ellos mismos. Si algo se ha demostrado en México en este siglo, es que la sociedad mexicana tiende a respaldar la alternancia. Por lo tanto, las mayorías de hoy, podrían ser minorías de mañana, y los procesos electorales hubieran estado a expensas del poder en turno.
Finalmente, esto fue desechado y Morena y AMLO pasaron de lo estructural a lo coyuntural.
Ahora, lo aprobado con el plan b está dirigido a la coyuntura. Significa un recorte administrativo al órgano electoral y busca una mayor libertad para que sus precandidatos puedan hacer proselitismo de cara al próximo proceso electoral.
Habrá muchas opiniones encontradas respecto a lo aprobado. Y sobre todo, habrá mucho que discutir en el futuro sobre las reglas electorales, empezando por la elección de consejeros.
Pero eso es algo que, como históricamente se ha dado, deberá hacerse al principio de un sexenio, con las elecciones intermedias como prueba del nuevo modelo y con una propuesta en la que participen todas las fuerzas políticas.
La batalla no ha terminado. Con o sin reforma, en sólo unos meses, vendrá un relevo en los Consejeros del INE, y Lorenzo Córdoba, el villano favorito del oficialismo, se irá. Pero quedó claro que la participación activa de la ciudadanía fue determinante para que, en lo estructural, el INE y el modelo electoral no haya sido trastocado.
Para la oposición, debe ser una lección. La alianza partidista está viviendo su mejor momento gracias a que entendieron que su papel es el de representar a ese sector de los mexicanos que salió a las calles y les dio una instrucción clara. En adelante, el reto es encontrar nuevas agendas y nuevas formas de mantener activa a la ciudadanía y conectada con ellos.