Mientras la opinión pública mexicana debatía si las reformas al INE pueden destruir la democracia, el Instituto de Formación Política de Morena trajo al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a la Ciudad de México.
Éste defendió abiertamente que lo importante es la transformación que emprenden líderes como Hugo Chávez o Evo Morales, no si esos personajes se quedan en el poder 6 años, 10 o ilimitadamente. Dijo que las potencias occidentales son hipócritas porque Angela Merkel también se perpetuó en el gobierno y no era considerada dictadora.
Temas antes tabú en México (es ridículo aducir el caso de Venezuela), hoy son una posición normalizada en Morena.
Correa y otros invitados también se burlaron de los politólogos moderados, liberales, expertos en meras transiciones en vez de transformaciones. Su escepticismo de la democracia electoral parece la verdadera exposición de motivos de la reforma electoral enviada al Senado: arruinar al INE, institución apreciada por socialdemócratas y liberales, no por socialistas y populistas.
Correa aseguró que los medios en América Latina imponen la agenda de la derecha política y hacen cosmética toda alternancia, meramente partidista. Cambian partidos en el gobierno para que nada cambie. Faltó, obvio, alguien que levantara la mano y cuestionara a Correa hacia dónde transformaron los líderes del llamado “socialismo del siglo XXI” a sus países. Si bien Bolivia creció económicamente con Evo Morales, 7 millones de exiliados que tuvieron que salir de Venezuela por necesidad económica, hablan del legado de Chávez y de Maduro.
Correa se vanaglorió de ser miembro de la primera generación de líderes progresistas de la región y se distanció de la última generación, representada por el presidente Boric de Chile. ¿A cuál de los dos estilos se adscribe AMLO? ¿Al de los primeros o al de los más recientes gobiernos de izquierda en América Latina? El protagonismo de Correa en México es casi una respuesta.
El curso para morenistas tiene otro punto de contacto con la discusión sobre el INE. En aquél se habló del lawfare o guerra jurídica, es decir, la utilización abusiva de la ley contra los adversarios. Por ejemplo, condenar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por conductas que en todo caso cometió su esposo Néstor Kirchner e impedir así que vuelva a ser candidata. O, digamos nosotros, vengarse mediante una reforma jurídica de la oposición y del INE en México, por organizar una marcha contra la reforma constitucional.
No, la diferencia entre demócratas e izquierda autoritaria no es que los primeros ignoren temas estructurales, de poderes fácticos y lawfare. Denise Dresser, por ejemplo, denuncia desde hace años el capitalismo de cuates y protestó contra el uso de la ley para neutralizar a rivales (como el desaforado AMLO en 2005). La diferencia es que los segundos no cierran los ojos a esos “detalles” negativos de las transformaciones bolivarianas, socialistas y populistas: represión, militarización, corrupción, aumento de la pobreza extrema, entre otros.