Hace siete meses —de manera sorpresiva y sin mayores reflectores previos—, un juez federal en materia administrativa suspendió las corridas de toros en la Plaza México, en respuesta a un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa.
Entonces, se trataba de una suspensión provisional que tomó desprevenidos tanto a empresarios taurinos, aficionados e, incluso, al amplio público contrario a la realización de corridas de toros, respecto a lo que —en última instancia— podría llevar a la suspensión definitiva de los festejos taurinos en la plaza de toros más grande del mundo y la más importante de América.
Sin embargo, verdad sea dicha, en el ámbito taurino, fueron muy pocos quienes consideraron que el recurso legal que ponía en pausa las corridas en el Coso de Insurgentes, podría tener el efecto prohibitivo deseado por quienes están en contra de ellas y que, cíclicamente, es utilizado de manera electorera por un sector específico de legisladores, que usan la causa con tintes políticos, sin que —hasta el día de hoy— hayan logrado algo al respecto.
Ese —aparentemente— sencillo recurso legal se sumaba a las usuales propuestas legislativas que buscaban prohibir las corridas y a una discusión al respecto en el máximo tribunal del país —que, a la postre, se resolvería también en sentido prohibitorio—. Pero la realidad es que la argumentación del amparo se sostiene con alfileres, pues basa su motivación en que, con la celebración de corridas, se viola el derecho a un medio ambiente sano.
No obstante, con el paso de las distintas etapas del proceso, el panorama se ensombreció por completo y el asunto tomó cauces y efectos verdaderamente inesperados para actores y aficionados taurinos.
A pesar del enorme peso político y económico de los empresarios que, aún hasta este momento, administran la Plaza México, la respuesta legal ante el amparo ha sido paupérrima —vaya, hasta da la impresión de que, la prohibición les viene bien. En su momento, se preocuparon más en informar que el amparo sólo prohibía los espectáculos taurinos, sin que se afectara la realización de otro tipo de actividades dentro de la Plaza —y vaya que se han dedicado a eventos alternativos. Eso ha sido todo, no ha habido mayor respuesta legal.
Han sido, más bien, diversos colectivos de aficionados taurinos, ganaderos y algunos otros empresarios, quienes han hecho esfuerzos por liderar la defensa de la tauromaquia en redes sociales, en diversos foros y medios de comunicación e, incluso, legalmente. Pero, claro está, sin los mismos efectos que podrían tener los verdaderamente involucrados en el asunto.
Si los tiempos marcan que la tauromaquia ha de desaparecer, que así sea, producto de una labor de persuasión fundamentada y por falta de afición. Pero no por medio de la imposición de medidas electoreras y actos prohibicionistas —la fácil salida para proscribir lo incomprensible—, pero, mucho menos, de la comparsa de empresarios taurinos cuyo interés no está del lado de lo que, en teoría, deberían de defender.
La tauromaquia no es para todos, pero ello no implica que no pueda ser para nadie.