Las tensiones que se reproducen y escalan dentro de algunos países latinoamericanos, como consecuencia de inestables alternancias entre izquierdas y derechas en el poder, han replanteado la necesidad del compromiso de los ejércitos con el marco constitucional. Lo estamos viendo en estos días en Brasil, donde tanto el Comandante en Jefe, Marco Antonio Freire Gomes, como el próximo Ministro de Justicia, Flavio Dino, han debido reiterar y prometer lealtad a la Constitución de 1988.
El golpismo, como hemos señalado en estas páginas, adopta nuevas formas en toda América Latina y el Caribe. Formas nuevas, en términos de prácticas y discursos, que es preciso entender como verdaderas mutaciones o metamorfosis. No como meras modalidades de un viejo y mismo golpismo, heredado de las derechas anticomunistas de la Guerra Fría. Aún así, el viejo paradigma del constitucionalismo militar vuelve a aparecer como exigencia regional.
En países como los del Cono Sur, donde aquel golpismo produjo dictaduras militares de seguridad nacional, que asombrosamente preservan cotos de memoria favorable en parte de la población, vuelve a circular la demanda de lealtad constitucional de las élites militares. Lo mismo en el bolsonarismo, que en flancos extremistas de la oposición a los gobiernos de Argentina y Chile, ha habido brotes recientes de mentalidad golpista.
No hace mucho se atentó contra la vida de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en Buenos Aires. En días pasados fue detenido, en Brasilia, el empresario George Washington de Oliveira Sousa, que trató de detonar material explosivo con el fin de “crear caos” en la capital del país. La idea era aprovechar las manifestaciones bolsonaristas, alentadas por la plena falta de reconocimiento oficial de los resultados electorales, para impedir la toma de posesión de Lula da Silva por medio de un estado de emergencia militar.
Oliveira de Sousa habría estado en contacto con líderes bolsonaristas acampados frente a diversos cuarteles militares del país. A contrapelo de la ambivalencia del propio Bolsonaro, declaraciones del general Freire Gomes han caído como un balde de agua fría en las bases extremistas de derecha y, también, en franjas de la vieja jerarquía militar, donde en los últimos meses se han hecho llamados explícitos para que la Corte Suprema no absuelva a Lula da Silva, a pesar de su elección presidencial.
El reto del nuevo gobierno de izquierda en Brasil será enorme. Antes que satisfacer alguna demanda de equilibrio geopolítico regional o, incluso, de tratar de relanzar foros de integración como Unasur o la Celac, el gobierno de Lula deberá asegurar la lealtad constitucional del ejército. Se trata de un regreso a las bases jurídicas de las transiciones democráticas de hace cuatro décadas que, de tener éxito en Brasil, promete buenos augurios para la consolidación democrática en el sur del continente.
