Cuando López Obrador era el principal líder del PRD y yo militaba ahí, había en los documentos básicos del partido metas que él no compartiría después desde la Presidencia ganada por Morena y otros partidos coaligados. Por ejemplo, muchos perredistas pedíamos contener los excesos del presidencialismo e, incluso, implementar en México un régimen parlamentario.
En su fuero interno, AMLO seguro ya pensaba que esas metas eran ilusorias en el corto plazo y que el parlamentarismo es el gobierno de las burocracias partidistas. Creería que las corrientes en el Congreso se reparten los recursos y éstos no llegan a la gente común. Algo parecido a sus críticas al Inai, INE y demás órganos autónomos.
Su diagnóstico era y es claro (no necesariamente exacto): las burocracias se comen el presupuesto. Cada una con su supuesta “retórica” (de transparencia, de promoción de la cultura democrática o parlamentaria enarbolada por los socialdemócratas). Para el Presidente, esas retóricas apenas sirven al pobre y, menos, al hambriento. En cambio, las transferencias directas sí llegan, por definición, al Pueblo, además de otras medidas como el aumento del salario mínimo, los programas de caminos rurales, de vivienda social o las tandas para el bienestar. Sabemos que existen críticas contra estos programas, por poco focalizados, pero la apuesta es que la política social alcance a más familias.
Ése es el teorema de AMLO, expresado en su famosa frase: “No puede haber Gobierno rico con Pueblo pobre”. Es decir, cuando el presupuesto es limitado, la administración pública no debe darse todos los medios materiales.
Los límites presupuestarios de la democracia han sido estudiados por politólogos como Adam Prezworski. En los países europeos sí ha alcanzado para tener sistemas parlamentarios y abundantes instituciones de carrera, parecidas al INE y al Inai, sin que haya demasiados pobres y, menos, hambrientos. Pero también hay una tendencia, incluso en Europa, hacia sistemas semi-presidenciales y surgen líderes cesaristas.
Desgraciadamente, esta discusión no pudo darse en México en términos técnicos, específicos y programáticos: ¿Qué se necesitaba para ahorrar? ¿Cómo poner un tope a los ingresos de altos funcionarios? ¿La vía era la confrontación política y en tribunales, como ocurrió cuando se ampararon consejeros y magistrados para que no disminuyeran sus ingresos? ¿El Gobierno federal pudo haber negociado mejor o la supuesta codicia de las élites era infranqueable? ¿Es más barata una democracia hiper presidencialista? ¿Peligra la democracia si las credenciales de elector son más sencillas y baratas? ¿Se puede despedir al personal de carrera del INE con una reforma legal? ¿Las reformas de la 4T buscan un Gobierno austero y un Pueblo menos pobre, o son el pretexto para el control político y la perpetuación en el poder?
Abordar con argumentos y datos esas preguntas es necesario ante el llamado Plan B de AMLO en materia electoral. Las tendrán que enfrentar los juzgadores que evaluarán la constitucionalidad de las reformas al INE y al sistema de partidos y elecciones.
