El Presidente de México camina de un lado a otro de su despacho en Palacio Nacional. Mira al periodista y de reojo acepta: “la relación más importante de México con el mundo es la que tiene con Estados Unidos, pero también la más complicada, tensa y difícil…”. Era agosto de 2018.
En aquella platica off the récord el Presidente decía que pareciera que, a partir de la relación comercial y migratoria, México pudiera estar en desventaja para negociar cualquier cosa con los estadounidenses, pero que al final había un as bajo la manga: los cuerpos de inteligencia mexicanos.
Pero desde 2019 la cooperación de México con EU en la lucha contra los cárteles ha tenido momentos de estridencia. El desmantelamiento de un grupo policial de elite mexicano, en el que confiaban los estadounidenses, y el jaleo por el visado para agentes de la DEA en México pegaron a la relación.
En Palacio Nacional, de acuerdo con integrantes del primer círculo presidencial consultados por este columnista, sienten que la detención de Ovidio Guzmán, uno de los herederos del líder histórico del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha servido para disipar cualquier nubarrón en la visita del presidente Biden.
Tienen la firme convicción de que con la detención de “El Ratón” en Culiacán, —durante una jornada sangrienta que superó en violencia y muertos el primer intento de detenerlo en 2019— tanto la DEA , como el FBI y la CIA dejarán de presionar por un rato al gobierno mexicano. Pero se equivocan. EU quiere más y Biden pidió ayer en Palacio Nacional atacar más fuerte la producción de fentanilo.
Para la administración Biden —que de acuerdo con cifras oficiales enfrenta en su territorio la muerte de al menos 100 mil personas cada año por sobredosis y un universo de consumidores frecuentes de drogas estimada en más de 4 millones de personas— el Cártel de Sinaloa es su enemigo más importante.
En 2015 la DEA presentó cargos contra 60 presuntos miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos los líderes de más alto rango, lugartenientes y operadores de múltiples células de distribución por el tráfico de grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana para puntos alrededor de los Estados Unidos.
Y menos de una semana después de la detención de Ovidio, mientras el gobierno mexicano aún presume esa medalla y que Biden está en México para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el gobierno americano ha dado un apretón de tuercas y advertido que va por otros líderes de Sinaloa.
Entre sus objetivos prioritarios mantiene a Ismael “El Mayo” Zambada —por el que ofrece una recompensa de 15 millones de dólares desde septiembre de 2021—, y a Alfredo Guzmán Salazar “Alfredillo”, hijo de “El Chapo”, medio hermano de Ovidio y sucesor natural en el liderazgo de “Los Menores” del Cártel de Sinaloa —al que le sigue la pista desde 2018.
La cooperación mexicana con Estados Unidos en la lucha al narco sigue y es fuerte y está firme, me dicen en las Fuerzas Armadas.
Los estadounidenses vieron con buenos ojos la detención de “El Ratón” pero para ellos aún no es suficiente. Van por los líderes de un grupo criminal dividido pero que sigue metiendo droga a gran escala a su territorio y para ellos la cooperación mexicana es fundamental.
RADAR
El accidente del sábado en la Línea 3 —donde lamentablemente murió una jovencita y más de 100 personas resultaron heridas—, me comentan, desactivó por unos días una grave crisis de transparencia que le pegará con todo al director del Metro, Guillermo Calderón.
Nos adelantan que mientras en el Metro evidencia falta de acciones en materia de mantenimiento y seguridad, hay visos de asignación de contratos para empresas con las que ha simpatizado el director del Sistema de Transporte Colectivo.
Nos aseguran que se perfila la contratación sin licitar de grupos empresariales, sin antecedentes en el sector pero con supuesta cercanía a Calderón y tras descalificar a empresas con experiencia, para colocar nuevos torniquetes (puntos de acceso) al Metro por un monto estimado de 200 millones de pesos y sistemas contra incendios por 500 millones. Valdría la pena una auditoría, me dicen.
