La última semana de 2022, la Corte Suprema estadounidense emitió una resolución relativa a la permanencia del Título 42 de la ley de servicios públicos de salud. Esta norma faculta a los centros de control y prevención de enfermedades a impedir la entrada de portadores de enfermedades contagiosas a territorio nacional. La administración Trump utilizó al Título 42 para impedir el ingreso de migrantes en la frontera con México. Lo llevó a cabo sin aplicarles un proceso legal capaz de determinar si cumplían los requisitos para solicitar asilo o ser sujetos de ayuda humanitaria.
La administración Biden prorrogó el uso de esta norma. Sin embargo, en abril de 2022 el gobierno federal anunció que dejaría de utilizarla, al considerarla innecesaria para proteger la salud pública. Antes de concretar su suspensión, un juez federal de Luisiana señaló que debía mantenerla vigente, pues no se habían seguido los procedimientos adecuados para dejar de aplicarla. El gobierno federal se inconformó ante una corte de apelación, pero el proceso legal sigue pendiente de resolución.
Paralelamente, en otro juicio entablado por organizaciones de migrantes, interpuesto ante un juzgado federal en Washington D.C., su titular concluyó en diciembre de 2022 que la aplicación del Título 42 era ilegal, ordenándole a la administración Biden terminarla inmediatamente. Ante ello, los fiscales de 19 estados (con gobiernos republicanos) se opusieron interponiendo un recurso ante la corte de apelación de Washington D.C. Al rechazar ésta su intervención, los fiscales acudieron a la Suprema Corte solicitándole que mantuviera la vigencia de la norma impugnada. En sus alegatos señalaron que, mantener firme la resolución del juez causaría una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera con México.
La determinación de la Corte, aprobada el pasado 27 de diciembre por una mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, bloquea la resolución del juez de Washington D.C. y mantiene provisionalmente la vigencia de la aplicación del Título 42. Los integrantes del máximo tribunal acordaron realizar audiencias a finales de febrero o principios de marzo para determinar si los fiscales estatales pueden ser parte del juicio. La administración Biden, representada por su Fiscal General, señaló que dejar de aplicar el Título 42 llevaría, probablemente, a la disrupción del flujo migratorio, así como a un aumento temporal de los cruces ilegales en la frontera. No obstante, consideró que la respuesta al problema está en la aplicación de leyes migratorias federales, no en la de una medida de salud pública cuya vigencia sobrevive a la emergencia sanitaria del Covid-19. Los votos contrarios a mantener la vigencia del Título 42 fueron de los justices Ketanji Brown, Neil Gorsuch, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Gorsuch señaló en su voto particular que, sin omitir las preocupaciones de los estados respecto al creciente número de migrantes en la frontera sur, la Suprema Corte es de jueces, no de tomadores de decisiones de política pública. Estaremos pendientes del desarrollo de las audiencias a celebrarse los próximos meses.