“¿Qué quiere la Fiscalía General de la República?, ¿quieren verme muerta para que de verdad atraigan mi caso?… intentan que pertenezca al 95% de la impunidad en México”… me dijo María Elena Ríos sentada en el comedor de la casa de sus padres, en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, esta semana que la visité durante un receso de las maratónicas sesiones de una audiencia virtual de su caso.
El 9 de septiembre se cumplirán 4 años del ataque con ácido que sufrió la saxofonista oaxaqueña dentro de su domicilio en Huajuapan de León, aquella mañana que su vida y la de toda su familia cambiaría para siempre, y que desde entonces sólo ha perseguido dos objetivos: recuperar su salud —física y emocional— y hacer justicia por el ataque que casi la mata.
Pude presenciar durante dos días las entradas y salidas de Malena a esa habitación donde seguía la audiencia desde un celular. Sus ojos inyectados de ira ante un juez —Teódulo Pacheco Pacheco— que ella denunciaba una y otra vez de parcial, indolente y “torturador psicológico”, como lo calificó en más de una ocasión.
Sus padres, Don Bulmaro y Doña María Elena, aguardaban sentados, a veces en un sillón, a veces en la mesa del comedor. Siempre uno junto al otro, con la mirada perdida en la nada y un dolorosísimo semblante de derrota. La peor cara de la impotencia en la desventaja social y económica.
María Elena se encerraba en esa habitación como un león enjaulado y sólo se escuchaba detrás de la puerta su voz que alterada pedía intervenir: “la defensa me está violentando y el juez no está interviniendo”, decía.
La defensa de Juan Antonio Vera Carrizal intenta conseguir la prisión domiciliaria para el acusado de feminicidio en grado de tentativa, como autor intelectual de un acto que dejó a la víctima con heridas irreparables, marcada para siempre en cuerpo y mente.
Algo que otras víctimas de ataque con ácido describen como “una muerte en vida”…
La audiencia comenzó el lunes pasado y hasta el jueves por la noche se habían cumplido 50 horas de audiencia con recesos de 30 minutos. El solo hecho resulta severamente revictimizante, para la saxofonista que en algún momento también me dijo: “Quieren cansarme, pero yo no me voy a cansar de defenderme”.
El segundo día de la audiencia que se prolongaba inexplicablemente, “alguien” de la CNDH se comunicó con María Elena para sugerirle que se acercara al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, del que ni siquiera el teléfono supieron darle. Parecía broma.
En noviembre pasado, la defensa de María Elena solicitó a su contraparte cumplir con el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, que especifica que las partes deben darse a conocer mutuamente los medios de prueba que presentarán en la fecha marcada para la audiencia de juicio, con el fin de que puedan ser estudiadas y se den las condiciones de IGUALDAD.
Sin embargo, los abogados de Vera Carrizal entregaron los datos solo unas horas antes del inicio del encuentro, desarmando a la defensa de María Elena Ríos para poder refutar como es debido los argumentos de su agresor. El juez lo permitió.
Se le otorgó a la parte acusada más de 20 horas para incorporar “pruebas”, mientras que Ríos a través de sus redes sociales denunciaba con fotografías que estaba siendo silenciada por el moderador, impidiéndole extender sus alegatos.
Pero el peor momento para la defensa de la saxofonista llegó cuando el juez amenazó a María Elena Ríos con retirarla de la sesión y dejarla sin su asesora jurídica, por el hecho de exigir la palabra para defenderse de los ataques en su contra.
María Elena solicitó la recusación del juez para que desconociera su proceso, sin embargo, el juez Teódulo Pacheco Pacheco insistió en continuar la audiencia, incluso por encima de una orden Federal en la que se le notificó que el evento no podía continuar por falta de condiciones.
El juez desacató la orden, continuó con la audiencia y el escenario no podía ser peor.
María Elena Ríos ha sido por ya casi 4 años bandera y voz de las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido en México, pero ¿será un ejemplo más de la violencia de género ejercida por el poder judicial de su estado? Porque desafortunadamente Oaxaca no ha sido precisamente un modelo de honorabilidad en esa materia.
“El objetivo por parte del juez Pacheco es liberar a mi agresor. Con el dinero la impunidad impera...” acusó la saxofonista en redes sociales, haciendo un llamado ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿La escucharán?…
