Desde hace algunos meses, sin hacer demasiado barullo, ni oficial ni extraoficial, Grupo México, de Germán Larrea, dejó de realizar una de las obras estratégicas para el sistema ferroviario en el sureste mexicano que el actual gobierno plantea enlazar a lo que eventualmente será el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: se trata del libramiento Medias Aguas-Coatzacoalcos, una obra estimada en 10 mil millones de pesos y que en términos llanos sería la “llave de paso” entre ambos sistemas ferroviarios, así como el paso férreo para mover carga desde y hacia la Refinería de Dos Bocas a partir de la estación Roberto Ayala con un ramal de 93 kilómetros hacia el municipio de Paraíso, Tabasco.
Aunque no existe un registro fehaciente en la Unidad de Inversiones de la SHCP sobre dicha obra (pues aunque sea por obra privada debe existir un proyecto de inversión debidamente aprobado al tratarse de un proyecto de vías generales de comunicación, y en ese caso registro de licitación y/o asignación directa), Grupo México presentó un Manifiesto de Impacto Ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente, de María Luisa Albores, como se constató en una solicitud de información ante el INAI.
Y lo más relevante es que los trabajos empezaron a llevarse a cabo hasta inicios del 2022, pero luego suspendidos en el tercer trimestre. Es probable que al transferirse la ejecución del Corredor Intermodal de Istmo de Tehuantepec a la Semar, los técnicos de Rafael Ojeda hayan tomado la decisión de no dejar el control de “la llave de paso” a una empresa privada.
¿En qué medida habrá incidido ese cambio en el interés de Larrea de adquirir el control de Banamex?
Capufe enciende alarmas en Hacienda. Tal es el desbarajuste en el sistema de telepeajes que intenta coordinar Caminos y Puentes Federales, en la administración de la avezada Julita Veites, que la preocupación ya subió hasta la Secretaría de Hacienda, a cargo Rogelio Ramírez de la O; como aquí le informé, la inoperancia de un creciente número de casetas automatizadas obliga a los automovilistas y cargueros a pagar en efectivo en 80% de la casetas de peaje de Capufe… dinero que sin suficiente control y registro habría provocado pérdidas de hasta 1,500 millones de pesos tan sólo en 2022. La doctora (porque estudió medicina) Veites sigue aún finteando que irá a la campaña a gobernadora de Delfina Gómez para “la operación en tierra” lo cual, como es sabido en todo partido político, implica el movimiento de amplias sumas de dinero “en cachete”. ¿Será cierta la invitación de la abanderada morenista al gobierno del Estado de México? Pero entre que es o no es, sigue creciendo el desastre de cobranza por Telepeaje y que amenaza con estallar hacia abril próximo pues el equipo de Veites aún no (y no parece haber interés en ello) convoca a una nueva licitación para renovar el servicio de cobranza que efectúa el actual concesionario, el consorcio CEP-SICE, que aquí lleva Roberto Rodríguez; esa licitación debió ejecutarse el 15 de octubre del 2022, pero se declaró desierta y se amplió el contrato a tal consorcio hasta abril próximo. En Capufe aseguran que ellos podrían implementar su propio sistema de telepeaje…, pero en Hacienda las dudas ya son de alarma.
La mafia de taxistas ataca de nuevo. El clan de los 19 sindicatos de taxistas de Quintana Roo bloqueó ayer el acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún en protesta de que la ley estatal permite que las personas contraten taxis de plataforma electrónica como Uber, DiDi y Yaxi. Los taxistas de esos sindicados han amagado a pasajeros e incluso amenazan de muerte a aquellos que ofrezcan el servicio. ¿Qué hará la gobernadora Mara Lezama? ¿Hacer cumplir la ley o doblegarse ante una de las “fuerzas vivas” de Morena en la entidad?
Desaseo del Bienestar. Parece que Ariadna Montiel en la Secretaría de Bienestar no tiene interés en incentivar la competencia, cuando menos en lo que se refiere a la contratación de los servicios de limpieza que se ha realizado —paradójicamente— con notable desaseo: se decidió hacer un concurso por invitación restringida, aun cuando existen más de 100 empresas avaladas como “posibles proveedoras” en términos del Contrato Marco. De esta forma y luego que decenas se quejaron sobre que no pudieron enviar preguntas para participar en la Junta de Aclaraciones, a esta etapa del procedimiento sólo se sumaron Racso Proyectos Industriales y Limpieza Jored, que de acuerdo con diversas voces son parte de un grupo liderado por José Juan Reyes Domínguez para hacer la finta de que existe competencia…, aun y cuando Jored ya no figura en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse).