Con todo y las vacaciones, el Plan B de la Reforma Electoral no ha dejado de estar en el debate. Sensata, y también forzadamente, se pospuso el debate legislativo porque no había acuerdo alguno.
Si Morena y sus aliados quieren aprobarlo, lo pueden hacer, porque se requiere de una mayoría simple para ello. Sin embargo, los riesgos de que así lo hagan pueden provocar una confrontación que iría más allá del Legislativo.
Algo de lo que puede pasar lo vimos en la manifestación del 13 de noviembre del año pasado. La movilización fue considerable, fue la más importante de la oposición desde que López Obrador llegó a la Presidencia.
El Presidente tuvo una singular reacción. En algún sentido pareciera que entendió lo que está pasando, actuando muy a su manera convocando a una marcha dos semanas después, a la usanza de los tiempos del PRI y echando por delante todo el aparato del partido y de Gobierno.
Es probable que al Presidente no le gustara ni tantito que le hayan ganado las calles y, menos aún, la de la CDMX. Lo pudo ver incluso como una afrenta personal, porque no imaginó quizá una movilización de tal naturaleza en una ciudad que en los últimos años ha sido gobernada por la izquierda.
El otro elemento es más profundo. Las y los capitalinos ya habían mostrado signo de inconformidad y protesta en las elecciones de 2021, Morena perdió la mitad de las alcaldías de la capital. Más allá de una presunta afrenta personal, los manifestantes hicieron saber su opinión y crítica a las propuestas presidenciales.
Las encuestas de opinión sobre el tema no alcanzan a medir del todo la opinión ciudadana sobre los cambios que propone el Presidente. El ciudadano no tiene toda la información como para responder con fundamento, hasta ahora muchas cosas han caído en un maniqueísmo o han llevado a respuestas obvias.
Las preguntas sobre si los ciudadanos quieren que las elecciones cuesten menos, que no haya tantos diputados y senadores, que no se le otorgue tanto dinero a los partidos, entre otras, tienen una respuesta previsible. La clave está en cómo cambiar las cosas conservando un régimen democrático, plural y representativo a través de una institución autónoma, y que no esté diseñada a imagen y semejanza de quien gobierna, lo cual en buena medida es lo que está pasando.
Hace un año se organizó en la Cámara de Diputados un Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral. Se desarrollaron diversos foros de muy alto nivel. Los debates fueron importantes por quienes participaron y por las conclusiones, se llegó a pensar y creer que estaban sentadas las bases de los cambios electorales.
Sin embargo, Morena y sus aliados no atendieron en su dimensión las conclusiones y se ciñeron fundamentalmente al planteamiento de la Presidencia. Era claro que la reforma no sería aprobada por una mayoría calificada, de cualquier manera se llevaron las cosas al límite, seguramente para evidenciar a quienes no apoyaban las reformas del Presidente, pero a sabiendas de esto, sacaron el Plan B, el cual era la alternativa para los intereses del Presidente.
Éstos son algunos de los antecedentes que hay que considerar en lo que se va a empezar a debatir a partir del 1 de febrero. Las manifestaciones de noviembre seguramente se van a repetir, la cuestión está en que las cosas se van a ir agudizando y confrontando, sin que se vislumbre ningún tipo de acuerdo.
El problema, como hemos venido mencionando, está en que con el Plan B vamos a tener grandes problemas que nos pueden llevar a elecciones improvisadas y cargadas de incertidumbre.
Con la elección más grande de la historia, lo sensato, estratégico y sensible, es llevar a cabo los cambios, sin duda atendibles, después del obsesivo 2024.
RESQUICIOS.
La bronca por el transporte público en Cancún y la Riviera Maya es de escándalo y evidentes repercusiones. Las autoridades tomaron decisiones sin considerar la fuerza real de los taxistas, o de plano provocaron lo que está pasando; es un mazazo a una de nuestras gallinas de los huevos de oro.