La cumbre de la Celac, organizada por el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, que ejerce la presidencia pro tempore de ese importante foro latinoamericano y caribeño, se celebra en medio de varios diferendos bilaterales y regionales. El encuentro, que debía mostrar la convergencia de izquierda que gobierna el continente, expone tensiones que se derivan de formas contradictorias de entender la integración.
De un lado están los desacuerdos propiamente bilaterales, que enfrentan a gobiernos como el colombiano de Gustavo Petro y el guatemalteco de Alejandro Giammattei, por la investigación abierta por este último contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, que encabezó entre 2013 y 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig).
Otro conflicto bilateral afecta las relaciones entre los gobiernos de Argentina y Ecuador, tras la solicitud de asilo político de María de los Ángeles Duarte Pesantes, ministra de Rafael Correa acusada de corrupción. Como el diferendo entre Guatemala y Ecuador, éste se ve discursivamente desplazado al desencuentro regional entre izquierdas y derechas, si bien tiene su origen en problemas como la corrupción, que carecen de una rígida identidad ideológica, como se ha visto en años recientes en Brasil y México.
Luego están las crisis políticas internas en diversos países latinoamericanos, que generan distintos posicionamientos y enfoques diplomáticos de parte de las izquierdas de la región. La prolongada de Perú, que ha escalado en días recientes con la represión de las manifestaciones populares contra el gobierno de Dina Boluarte, que ha cobrado más de 60 vidas, produce una diversidad de actitudes, que van del desconocimiento a la interlocución.
Pero también hay conflictos, que no califican como crisis, entre gobiernos y oposiciones, como los que tienen lugar en Chile, por el proceso constituyente que impulsa una nueva Carta Magna, de identidad más claramente progresista que otras que rigen izquierdas de la región, o como el que se escenifica en Argentina, por el caso judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
También existe, en América Latina, una percepción crítica de las restricciones a derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba, aunque esas reservas se expresan de manera divergente y, en general, se rechaza la política de sanciones contra esos gobiernos, impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea. Eso, sin embargo, no ha impedido fricciones diplomáticas entre el gobierno de Daniel Ortega y el de Alberto Fernández, en el pasado reciente.
A todas estas discordancias habría que agregar los tres contradictorios modelos de integración que pugnan en la región: el del Cono Sur, más orientado al vínculo comercial con China; el bolivariano, dado a la alianza con Rusia y el enfrentamiento con Estados Unidos; y el mexicano, que prioriza los nexos con Washington.
