Quien pierda en 2024 pudiera señalar al árbitro como responsable. Un acuerdo mínimo, hoy, es la posibilidad de que eso no pase y que las elecciones puedan celebrarse, asumiendo diferencias, de la mejor manera posible.
Está a la vista que por ahora las diversas formas de ver las cosas se mantienen, de hecho, más bien se van agudizando en medio de escenarios, en donde si algo queda claro, es que las posiciones se van alejando de manera definitiva.
El uso del lenguaje de los actores políticos está entrando en los inquietantes terrenos de lo hiriente y la adjetivización. El debate ahora está pasando más por la descalificación que por mostrar las bondades del Plan B.
En lo que se nos viene, difícilmente se van a alcanzar acuerdos. No se ve por dónde puedan establecerse coincidencias, porque las diferencias han entrado en terrenos de concepciones ideologizadas, en algunos casos maniqueas, de lo que deben ser los procesos electorales.
Para el Presidente, la organización y funcionamiento actual del INE es un estorbo, no confía para nada en el Instituto. Tiene abiertas diferencias con los consejeros, incluso con los que él propuso, y supone que organizar el proceso electoral es una tarea que no requiere de mucha ciencia.
Nadie duda que el INE sea sujeto de cambios. Sin embargo, la complejidad de la organización de las elecciones requiere de procesos en que se tiene que aleccionar a quienes van a estar en las casillas. El funcionamiento de lo que se tiene que hacer, el día de las elecciones, es una tarea que requiere de tiempo y expertos. La gran cantidad de casillas que se instalan en todo el país requiere de un gran número de ciudadanos que, no olvidemos, se unen de manera voluntaria al proceso.
Ellas y ellos son quienes le dan certeza a las elecciones; ellas y ellos son los que a lo largo del día son garantes de la legalidad; y ellas y ellos son quienes cuentan los votos y quienes informan del resultado al INE.
La propuesta del Plan B es un golpe en la mesa del Presidente sobre la forma en que quiere que se desarrollen las elecciones. Lo que puede pasar es que a pesar de que consiga la mayoría para que el Plan B sea aprobado, la Corte se termine encargando de frenar la propuesta.
Es previsible que en caso de que este escenario se presente, la crítica presidencial sea demoledora y muy probablemente utilizada ante cualquier resultado adverso.
La propuesta de que la selección de cuatro consejeros del Instituto en abril sea por sorteo, es ejemplo de lo que significa para el Presidente el manejo de los procesos electorales.
Se va echar a andar la maquinaria para aprobar el Plan B. Habrá que recordar que algunos aspectos de este proyecto ya han sido aprobados, lo que falta es lo que colocaría al INE bajo condiciones en las que difícilmente podría garantizar el óptimo desarrollo de los procesos electorales.
El no entendimiento entre los principales actores políticos del país traerá consecuencias impredecibles. No sólo porque en el fondo estamos ante la negación de llegar a acuerdos a través de la política, sino porque podríamos estar ante una imposición. Si bien la mayoría legalmente constituida puede ganar, debe atender y entender que existe la obligación democrática y política, de escuchar y tratar de entenderse con quien piensa diferente y está ofreciendo razones.
Por momentos pareciera que los cambios que se proponen al INE tienen más que ver con lo sucedido años atrás, que con lo que hoy es el funcionamiento y los resultados que ha venido dando el Instituto.
RESQUICIOS.
Tarde que temprano llegará el momento en que la fiscalía en el caso García Luna tendrá que presentar pruebas concretas, más que dichos. Es evidente que está tratando de crear una narrativa para que sea una suerte de plataforma de lo que presumimos empezará a salir en los próximos días. El juicio, por cierto, está pasando totalmente de largo en medios y redes en EU.
