Pablo Lyle, actor de telenovelas como Código postal o Mi adorable maldición, pasaba 10 días de vacaciones con su familia en Miami y rumbo al aeropuerto de regreso tuvo un incidente de tránsito que le cambió la vida.
Su cuñado Lucas Delfino manejaba y Lyle iba de copiloto cuando sin querer Delfino se equivocó de salida de la autopista y se le metió a otro coche, en el que manejaba Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años.
Llegaron a un semáforo, Hernández bajó de su coche para increpar al cuñado de Lyle y el actor se bajó para apoyarlo y empujó al agresor. Pues en segundos Lyle le dio un golpe con el puño cerrado en la cara, el cubano se cayó y ellos siguieron su camino.
Con ese golpe que no tenía la intención de que fuera nada grave, el señor de 63 años se cayó, se pegó en la cabeza y a los 4 días murió a causa de un traumatismo craneoencefálico.
Según el acta del arresto, Lyle afirmó que Hernández alzó las manos cuando se acercó a él, por lo que su reacción se debió a que “creyó que la víctima lo iba a atacar primero”.
Y aunque la defensa del actor ha insistido en que Lyle le pegó a este señor para defender a su familia, y que nunca tuvo la intención de matarlo, el actor ya fue declarado culpable el pasado viernes 3 de febrero; pasará 5 años en prisión y a ocho de libertad condicional por homicidio involuntario.
Contrasta mucho la sentencia de Pablo Lyle con la que han recibido importantes narcotraficantes quienes se han acogido al programa de testigos protegidos. Aquellos que conscientemente son responsables de la muerte de decenas personas.
El propio Departamento de Estado de la Unión Americana ha repetido una y otra vez que los cárteles mexicanos son los principales responsables del tráfico ilegal de fentanilo, la droga que, según ellos, provoca el mayor número de muertes por sobredosis en el 90 por ciento de su territorio, por ello ha reiterado que realiza acciones para evitar que siga el trasiego de ésta y otras drogas.
Pero por ejemplo, estos narcotraficantes que han sido extraditados a la Unión Americana pueden llegar a reducir sus penas y permanecer unos 10 años en la cárcel.
El ejemplo más claro es lo que actualmente ocurre con los capos mexicanos que testifican en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Tras sus declaraciones sus condenas han sido reducidas y muchos ya no están en prisión.
Sergio Villarreal Barragán, El Grande, trabajó para el grupo de los Beltrán Leyva, fue extraditado en 2010, pero desde el año pasado ya no estaba en prisión, de acuerdo con las crónicas de periodistas del país vecino, hubo quien lo encontró en las calles, paseando como si nada.
Su ficha de acciones delictivas lo describe como un hombre sanguinario y cruel, a quien se le atribuyen el secuestro, tortura y descuartizamiento de más de 90 personas, pero estos antecedentes poco importaron para conseguir un trato.
Mientras que Jesús El Rey Zambada, quien desde 2018 se convirtió en uno de los testigos predilectos de la Fiscalía de EU, dejó la prisión tras rendir testimonio contra El Chapo Guzmán y se espera que participe en contra de García Luna. Este hombre fue operador del Cártel de Sinaloa, liderado por su hermano Ismael El Mayo Zambada y el mismo Chapo.
Y otro hombre que siguió la ruta de acuerdos con la Fiscalía es Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, utilizó su cargo para amenazar y lastimar a ciudadanos que no estaban de acuerdo con su administración y que incluso buscaban revelar sus nexos con el crimen organizado.
En Todo Personal le dimos a conocer cómo este hombre despojó de sus viviendas, terrenos y negocios a nayaritas para hacer dinero con personas ligadas al crimen.
En Estados Unidos fue sentenciado a 20 años de cárcel por narcotráfico, pero logró hacer un trato con las autoridades y ahora se espera que sea uno de los que suba al estrado para el juicio de García Luna.
La Fiscalía federal de Nueva York sabe que Veytia confesó haber trabajado para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era responsable de resguardar cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima. Hoy Veytia está a poco de quedar en libertad.
Organized Crime and Corruption Reporting Project ha seguido de cerca esta forma de operar de los narcotraficantes, de cómo los narcotraficantes mexicanos y colombianos burlan el sistema de justicia estadounidense para lograr que sus familias se queden con parte de la riqueza que acumulan o que les regalen una nueva vida, mientras el negocio de las drogas permanece intacto.
En su reporte da detalles de lo que ocurrió con 37 casos de narcotraficantes mexicanos y colombianos de nivel medio y alto extraditados en el periodo 2005-2015. Los datos muestran cómo algunos de los grandes capos fueron tratados con compasión.
Que, de esos 37 casos, 23 pasaron o pasarán 10 años o menos bajo custodia de Estados Unidos. Sólo dos fueron condenados a cadena perpetua. Los periodos más cortos de detención oscilaron entre uno y tres años. Incluso un acusado de alto rango pasó sólo ocho meses tras las rejas antes de ser deportado a Colombia, donde pasó otro breve periodo en prisión.
Pablo Lyle, el actor que sin querer mató al señor cubano que lo increpó en un incidente de tránsito y que murió porque se cayó y se pegó en la cabeza tras el puñetazo, no podrá llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y tendrá que cumplir su condena, quizá se le reduzca un poco por buena conducta.
Hoy, este actor, por un impulso y acusado de homicidio involuntario estará 5 años en la cárcel, mientras que los narcotraficantes más sanguinarios de nuestros tiempos y que hayan colaborado con la justicia pasarán unos 10 años.