Las finanzas públicas han sido un foco de intensa controversia en el debate público desde el año pasado, pues desde la óptica de diversas opiniones de la oposición el crecimiento de la deuda es preocupante; sin embargo, las cifras al cierre del año pasado no corroboran necesariamente esta visión.
Contrario al discurso presidencial en el sentido de que la deuda pública no crecería en la siguiente administración, es claro que desde 2019 se ha venido observando un continuo incremento. Las cifras son claras. Tomando como un indicador de la deuda pública ampliada el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), en términos nominales cálculos del propio Gobierno federal apuntan a que la deuda se incrementó hasta el cierre de 2022 en 3.5 billones de pesos respecto al nivel de cierre de 2018.
Sin embargo, como toda deuda, su dimensión relativa depende de la capacidad de pago, para ello, es mejor evaluar la sustentabilidad de la deuda pública medida como porcentaje del PIB. Así, el SHRFSP se incrementa hasta 49.3% el año pasado desde 44.9% en el término de 2018. Previsiones oficiales apuntan para los años siguientes incrementos moderados de la deuda llevándola hasta niveles cercanos al 50% del PIB. Este nivel de endeudamiento luce aceptable a la luz de cómo está la deuda de los países de mercados emergentes con calificación crediticia semejante a la de nuestro país.
El punto anterior no descarta las preocupaciones sobre la estabilidad de las finanzas públicas. Si bien el año pasado los resultados no modifican en lo fundamental la estrategia seguida por el gobierno de mantener la deuda, hay tendencias que si llaman la atención.
Particularmente el crecimiento del gasto público que pasó de representar el 23.8% del PIB en 2018 hasta un 26.5% en el 2022 (más de la mitad del incremento obedece a las mayores erogaciones en protección social y otra parte a la inversión pública y al pago de intereses por la subida en la tasa de interés). Esta tendencia debe ser apoyada con un aumento sustentable en los ingresos públicos que, si bien se ha dado un esfuerzo importante en este rubro, parece insuficiente ya que el incremento en la recaudación de los ingresos provenientes del IVA e ISR avanzaron en esta administración 1.6 puntos porcentuales (pp) del PIB, por debajo de los 2.7 pp que avanzó el gasto.
Para subsanar la diferencia el gobierno se ha favorecido, recientemente, entre otras fuentes de los altos precios del petróleo, del mayor endeudamiento y de los recursos que estaban en los fondos de estabilización. En paralelo, año con año el Gobierno federal busca ahorros en el contexto de la llamada “austeridad republicana”.
Hacia adelante, en el corto plazo hay elementos en contra, pero distan de ser catastróficos. Menciono algunos: (1) la dinámica los ingresos tributarios en este año se verán afectados por el menor crecimiento económico (2) un riesgo de menor precio del petróleo respecto al presupuestado; (3) los fondos de estabilización prácticamente se han agotado por lo que no se contará con estos recursos extraordinarios; y muy importante, (4) en una visión de más largo plazo, se mantienen las presiones para cubrir la deuda contingente principalmente en pensiones. Nos estamos acercando al límite de las bondades del modelo fiscal instrumentado por la presente administración.
