“Este mensaje (o material) es creado y/o distribuido por un medio extranjero que desempeña funciones de agentes extranjeros y/o un ente legal ruso realizando las funciones de un agente extranjero”. Ésta es la leyenda que desde 2022 el gobierno ruso obligó a colocar antes de cualquier publicación, transmisión o contenido realizado por cualquiera de los cientos de personas que han incluido en su lista de “agentes extranjeros”.
Sin embargo, más que una lista de agentes o espías internacionales que han sido identificados por sus acciones subversivas, esta etiqueta ha sido utilizada ampliamente por el gobierno de Putin para señalar a medios, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y hasta creadores de contenido en plataformas como YouTube que le son incómodos. Incluso sin importar que no existiese ningún vínculo económico o político con algún gobierno u organización internacional.
De acuerdo con su “ley para el control sobre actividades desarrolladas por personas bajo la influencia extranjera”, la influencia extranjera se define como el “apoyo y/o influencia en una persona incluyendo la coerción, la persuasión y/o por otros medios”. Bajo ese argumento, por ejemplo, se ha perseguido, multado y hasta encarcelado a personas que trabajan o comunican cualquier cuestión relacionada con la diversidad sexual o los derechos reproductivos, acusados de ser agentes manipulados por una agenda internacional que pretende destruir al gobierno bueno de Rusia.
Estas políticas parecen sacadas de una novela de George Orwell, pero forman parte de un manual de libro de texto con el que los gobiernos con vocación autoritaria pueden señalar a un culpable para cualquiera de sus fracasos y, al mismo tiempo, deshacerse de las personas incómodas para el régimen. Acusar a alguien de ser un agente extranjero como método para descalificarlo es una herramienta burda pero efectiva cuando se articula con un discurso nacionalista desbordado en el que una persona o grupo se asume como la única voz válida de una patria. La guerra en Rusia es el caso perfecto que muestra la potencia de esta estrategia.
El agente extranjero es un traidor que no merece ninguna consideración y por eso debe ser perseguido. Precisamente ese mismo discurso es el que, como escribí en estas páginas la semana pasada, ha permitido que gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua hayan podido perseguir y hasta comenzar a quitar la nacionalidad a sus opositores. El mismo argumento se esconde detrás de las disposiciones con las que el gobierno de Narendra Modi ha cancelado el registro de casi 20 mil organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales no sólo realizaban trabajos valiosos para sus comunidades, sino que documentaban, denunciaban y actuaban en contra de las violaciones a derechos humanos y omisiones del régimen populista indio. La misma esencia está detrás de la “Ley de Agentes Extranjeros” de Nayib Bukele en El Salvador o en las leyes del mismo nombre en el régimen populista de Viktor Orbán en Hungría, que hasta ha podido estirar este argumento hasta el punto de adueñarse de las universidades donde la creación de conocimiento le incomodaba. Debemos ver con atención estos patrones y regularidades, pues lo que sigue después de que este discurso se echa a andar es sumamente dañino para una sociedad.
