Con la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil, la mayor parte del territorio latinoamericano se encuentra gobernada por la izquierda. No una izquierda única, como quisieran algunos, pero tampoco una izquierda lo suficientemente variada para hacer imposibles los acuerdos, como quisieran otros.
Se trata de izquierdas atravesadas por simultáneas fricciones ideológicas y geopolíticas. El primer desencuentro se desprende de la inevitable diferenciación entre democracias y autoritarismos. En un primer plano de esa diferenciación quedarían, de un lado, los tres regímenes claramente no democráticos de la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y del otro, todos los demás.
Pero a pesar de que sus diseños políticos e institucionales sean considerados democracias, existen gobiernos latinoamericanos, como el salvadoreño, el guatemalteco o el peruano, que, como antes el de Jair Bolsonaro en Brasil o el de Jeanine Áñez en Bolivia, han reforzado sus dispositivos autoritarios frente a sectores críticos o disidentes.
Difícilmente podría afirmarse eso para gobiernos de derecha como el uruguayo o el paraguayo, aunque no faltan críticos que así lo afirman. En el mismo sentido, durante los últimos estallidos sociales en Chile o Colombia, muchos comentaristas cuestionaron los desbordes represivos de los gobiernos de Iván Duque y Sebastián Piñera, tal y como hoy se critican los toques de queda de Dina Boluarte.
El carácter represivo sistemático, en gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela o de Daniel Ortega en Nicaragua, ha generado más de una tensión con miembros de las nuevas izquierdas latinoamericanas como Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.
El más reciente —seguramente no el último—, es el actual distanciamiento entre Petro y el gobierno de Ortega. Petro, que ha sido declarado “persona non grata” por el Congreso del Perú, ha cuestionado directamente que más de noventa personalidades nicaragüenses, entre las que se encuentra el Premio Cervantes de Literatura, Sergio Ramírez, hayan sido despojadas de su nacionalidad por el régimen de Ortega.
Petro ha sido cuidadoso con Nicaragua dado el diferendo que los dos países sostienen en torno a posiciones limítrofes en el mar Caribe, que involucran a los archipiélagos de San Andrés y Providencia. El caso, pendiente en la Corte Internacional de La Haya, pudo haber inhibido al mandatario colombiano, de cuestionar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, hasta ahora.
Con su último posicionamiento, Petro se suma al presidente chileno Gabriel Boric y al expresidente de Uruguay y líder del Frente Amplio, José Mujica, quienes han deplorado los últimos actos represivos de Ortega. AMLO, en cambio, no se pronuncia, aunque el canciller Marcelo Ebrard no mencionó a Nicaragua entre los países que serían convocados para una próxima reunión de izquierdas latinoamericanas en México.
