No es una buena noticia para los integrantes de grupos políticos y partidistas, que convocan a la marcha del próximo domingo en el Zócalo: por primera vez en la historia, un sistema jurídico que muchos de los convocantes a esa manifestación encuentran superior al mexicano, determina culpable a un exsecretario de Seguridad Pública federal.
Genaro García Luna es, a partir de ayer, un lastre oficial de aquellos que dicen defender la democracia y las instituciones electorales, pero han callado frente al recurrente abuso del poder y el erario.
Entre el 2012 y hasta hace unas horas, llegué a escuchar a muchos de los líderes partidistas que marcharán el domingo, defender lo que calificaban como una riqueza legítima derivada de “la calidad profesional de las consultas” de quien fuera ejecutor de la guerra contra el narco que comandó Felipe Calderón.
Al fenómeno delincuencial se le enfrentaba con un “arma” respecto de la cual el entonces Jefe del Estado mexicano no habría sabido —se sostiene aún— que su principal hombre contra los delincuentes estaba en alianza, a conveniencia cambiante, con algunos de ellos.
A los ojos de una ciudadanía, que a juzgar por toda la evidencia electoral y demoscópica disponible es mayoritaria en México, y desde el punto de vista de los ciudadanos constituidos como jurado en el juicio seguido en Brooklyn, existió evidencia suficiente para encontrar a García Luna culpable, por unanimidad.
Atrás quedan: la omisión de informar con suficiente realce de lo que ocurría en el juicio desde las trincheras, no todas por supuesto, en que se elevaba la crítica ácida contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con notoria mayor proporción que a los opositores a él; lejos, el intento de separar a la oposición de uno de sus más voluminosos estorbos, en donde la lucha contra el narcotráfico se subordinó a una estrategia de legitimación del poder presidencial del periodo 2006-2012.
Los testimonios convencieron al jurado, integrado por siete mujeres y cinco hombres y dieron validez a las revelaciones sobre los millones de dólares recibidos, a cambio de protección del gobierno de México en ese sexenio.
Sergio Villarreal Barragán, El Grande, reconoció que el exfuncionario fue de “gran ayuda” para el crecimiento de la organización delictiva, al asegurar ruta libre y protección para transportar sus cargamentos y “minimizar a los rivales”. Oscar El Lobo Nava Valencia declaró que le entregó más de 10 millones de dólares en sobornos, a cambio de “más control y seguridad” para las operaciones del narcotráfico. Jesús El Rey Zambada dijo que pagó al menos cinco millones de dólares del Cártel de Sinaloa a García Luna para que no hubiera detenciones, operativos ni investigaciones contra su hermano Ismael El Mayo Zambada.
Se sostiene la ironía de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum: “Imagínense, García Luna dando capacitación sobre secuestro”. Y faltan películas, novelas, reportajes acerca de una “sociedad civil” que quiere omitir relaciones peligrosamente incómodas.