Nunca antes un secretario de Estado mexicano había sido sometido a juicio penal por el sistema de justicia de una de las democracias más desarrolladas del mundo y sentenciado como criminal convicto.
Esto ocurrió en contra del máximo responsable de la seguridad pública federal durante 2000 y 2012, Genaro García Luna. El dictamen fue instruido por un jurado popular ante el cual compareció un complejo sistema de testimonios que privilegian la materialidad de la causa en vez de su apego a códigos formales y abstractos; testimonios que son producto de una prolongada investigación interinstitucional. El juez Brian Cogan condujo técnicamente al jurado en la última fase del proceso.
El boletín de medios girado por la Fiscalía del Distrito Este del estado de Nueva York es un documento que conviene leer pausadamente, pues indica la actitud judicial del Estado norteamericano. Allí se subrayó el contraste entre la más alta responsabilidad que ostentara el reo y su traición (tal es el vocablo) a su propio pueblo y la justicia, uno de los valores nodales de la cultura política occidental.
Iván Arvelo, agente especial al cargo de las investigaciones de seguridad interior en Nueva York, una de las tres voces incorporadas al boletín, destacó la imposibilidad de que la empresa construida alrededor del tráfico de cocaína prosperara sin la connivencia de servidores públicos corruptos diseminados en el cuerpo del Estado mexicano. Este señalamiento no es el único a una corporación criminal que borró el límite entre el gobierno legalmente constituido y el crimen organizado, incorporando a este último en la estructura constitucional de la sociedad por vez primera en la historia del país. Aquí radica la trascendencia del fallo del martes pasado.
Cuatro semanas de juicio documentaron el déficit de desarrollo institucional que se agudizó en México desde 2000 hasta el grado de convertirse en el sello de su sociedad política y empresarial. En la lógica judicial de los Estados Unidos, este fenómeno es un desafío a la democracia de la región. La construcción de este relato nada dice sobre la necesaria articulación que semejante orden de cosas tiene con los Estados Unidos.
El fallo del jurado popular en Brooklyn es una pieza central que organizará narrativamente muchas otras relativas a la violencia endémica del pasado mexicano reciente, la debilidad del estado de derecho y el temperamento electoral del país. Por ello, luego de que el veredicto fuera publicado, contemplamos una lucha por la apropiación del relato que no ha hecho sino afirmar los cauces de la polarización mediática.
El fallo de Brooklyn legitima el proceso de reformas que aspiran a modificar el orden social mexicano, y cuyo blanco primordial ha sido la liberalización económica puesta en marcha desde los años 80, que en países periféricos se asoció al extractivismo, el despojo de bienes territoriales y, por supuesto, el tráfico de drogas. Sin embargo, la legitimación también impone el mandato de reformar inmediatamente sectores hasta hoy soslayados como el sistema judicial.
