Nadie niega que llevar a cabo elecciones en nuestro país es caro —además de extenuante y complicado —, aunque muy pocos exponen los motivos detrás de ello.
Para bien o para mal, nuestro sistema democrático se ha construido sobre la base de la desconfianza entre partidos y actores políticos —sin importar color o administración en turno. Este defecto fundacional tiene como consecuencia directa que, para poder llevar a cabo elecciones confiables en México, sea necesario transitar por diversos procedimientos y mecanismos altamente complejos y, por ende, costosos.
Sin embargo, son estos mismos procesos y la minuciosidad con la que se realizan en cada elección a cargo del Instituto Nacional Electoral —y del entonces IFE —, lo que ha dotado de confiabilidad, prestigio y certidumbre a la organización de elecciones en nuestro país. No por nada, una y otra vez, en diversos ejercicios de opinión, el INE sale como la institución del Estado mexicano mejor calificada y con mayor respaldo ciudadano —valga resaltar este último componente.
Evidentemente, algunos de estos procedimientos podrían simplificarse —vaya, simplificarse muchísimo — y, con ello, abaratarse considerablemente. Pero, verdad sea dicha, ningún partido político —incluido, claramente, el que ha señalado los altos costos como un defecto inexplicable— acataría llevar a cabo elecciones en nuestro país sin esos —caros— estándares a los que ya se encuentran habituados.
A mediados de semana, el partido gobernante y sus aliados en el Senado, aprobaron el llamado Plan B, consistente en una serie de reformas a las leyes secundarias en materia electoral, tendientes a reducir drásticamente la estructura operativa del INE, so pretexto de eliminarle privilegios a las autoridades electorales, de tener una institución electoral más austera e innecesariamente numerosa, y de poder llevar a cabo elecciones más baratas.
Resulta muy fácil desdeñar los arreglos institucionales desde una posición de poder, alcanzada gracias al mismo marco democrático —confiable y certero— que hoy se pretende desmantelar y cuya edificación, dicho sea de paso, ha requerido más de tres décadas de evolución y trabajo ininterrumpido.
Sin embargo, lo que ha estado ausente en los discursos de quienes impulsaron la reforma es que, con la reducción operativa aprobada —eliminación de la Secretaría Ejecutiva del INE; compactación de siete direcciones ejecutivas a únicamente tres; eliminación de 1,500 vocalías ejecutivas y despido masivo de unos 2,000 funcionarios, entre otras medidas — se socava, directamente, el conjunto de minuciosos procesos —abigarrados pero precisos— que dotan de confiabilidad y certidumbre la organización de elecciones en México.
El domingo próximo, la ciudadanía está llamada a reunirse en la plancha del Zócalo capitalino en apoyo al INE y en rechazo a la reforma aprobada, la cual —como ya adelantaron las autoridades electorales —, será impugnada ni bien sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Quedará, entonces, en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión final sobre esta dramática discusión.