Madrid, España. En la ciudad de La Haya, Países Bajos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional analiza los 4 expedientes que desde hace una década ha recibido en contra del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, quien ha sido acusado ante ese órgano de justicia internacional de crímenes de genocidio, de lesa humanidad (violación a los derechos humanos) y de agresión.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, asociaciones civiles y grupos de ciudadanos mexicanos han reunido evidencias suficientes en contra del gobierno genocida del presidente Felipe Calderón, quien gobernó México de 2006 a 2012, cuando declaró públicamente la guerra contra el narcotráfico, cuando en realidad mantuvo una alianza de grupos criminales por conducto de su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien ha sido encontrado culpable en Estados Unidos de aliarse con cárteles del narcotráfico y provocar la muerte de cientos de miles de personas.
Ya no hay duda, el gobierno de Calderón fue cómplice de uno de los cárteles de la droga más poderosos de México y el mundo, y su gran farsa de la supuesta guerra contra el narcotráfico sólo trajo muerte, mucha violencia y el atropello a los derechos humanos que aún se siguen padeciendo en el país.
La sentencia dictada la semana pasada en la Corte del Este de Brooklyn, Nueva York, en contra de García Luna deja claro que el país vivía en un estatus de “narcoestado”, a manos de estos gobernantes criminales que pactaron una alianza con el Cártel de Sinaloa y se enriquecieron con una guerra falsa para legitimar un gobierno que llegó al poder sin apoyo del pueblo.
La información publicada en medios independientes que denunciaron durante años cómo la guerra contra el narcotráfico sirvió para beneficiar al Cártel de Sinaloa y ayudó a su crecimiento y expansión internacional toma fuerza con la culpabilidad de quien fuera el funcionario más cercano a Calderón, dictada en una Corte de Nueva York por formar parte a dicha organización criminal y conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
En la CPI, con sede en La Haya, se mantienen abiertas las investigaciones en contra del mandatario panista por crímenes de lesa humanidad y de guerra, mientras que la sentencia en Nueva York refuerza las pruebas que demuestran que durante el sexenio de Calderón se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma. No cabe duda que la supuesta guerra contra las drogas sólo trajo graves atropellos a los derechos humanos mientras algunos integrantes de las altas esferas del gobierno se enriquecieron con la economía del narcotráfico.
Hay pruebas contundentes que demuestran cómo durante el sexenio de Calderón se cometieron delitos de manera masiva, como la muerte de miles de personas y las desapariciones forzadas, mientras que el Estado funcionaba como un sistema criminal que violaba de manera sistemática los derechos humanos de los mexicanos, por lo que la CPI debe iniciar un juicio penal en contra del expresidente mexicano.
