Todos sabemos que en México la democracia representativa liberal —que comenzó gestarse a finales del siglo XX y logró su consolidación con la alternancia en el año 2000— ha coincidido con un incremento de la violencia.
Obsérvese que digo que “ha coincidido” y no que “ha causado”, porque esa tesis requeriría de un apoyo adicional. En todo caso, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿por qué la democracia representativa liberal mexicana no ha podido disminuir los índices de violencia?
La culpa, podría decirse, no es del sistema político, sino de las personas que han estado al frente de los puestos de responsabilidad. Sin embargo, el sólo hecho de plantear la pregunta anterior ya deja la sombra de una respuesta diferente: no han sido sólo las personas, sino el sistema político que ha fallado.
Al llegar a este punto, es inevitable considerar la siguiente conjetura: ¿acaso lo que hay que hacer para detener la espiral de violencia es cambiar de régimen político, es decir, sustituir a la democracia representativa liberal por otro sistema?
Con la llegada al poder del lopezobradorismo lo que se prometió no sólo fue una transformación de México, es decir, un cambio de régimen político —nunca fue un secreto que se intentaría desmantelar poco a poco las estructuras de la democracia representativa liberal— sino, además, una nueva estrategia contra la violencia fundada en los cimientos del nuevo régimen.
Estoy convencido de que muchos ciudadanos que antes no había apoyado el lopezobradorismo, votaron por esa opción en 2018, porque creyeron que habría un cambio en la estrategia contra la violencia. Si lo que habíamos tenido hasta 2018 no había funcionado, no era insensato darle la oportunidad a una manera distinta de organizar el Estado que incidiera en la reducción de la violencia padecida y sufrida por la mayoría de los mexicanos.
Lo que hoy sabemos es que el lopezobradorismo no ha reducido —no, por lo menos, como queríamos— los niveles de violencia. La república amorosa que se prometió se quedó en palabras. Los mexicanos no hemos dejado de violentarnos. Algunos funcionarios del actual Gobierno tampoco han dado el mejor ejemplo. Aunque no usen la violencia física, hacen uso de diversas modalidades de la violencia verbal. Ellos dirán que es para defenderse, pero la violencia reactiva no deja de ser violencia.
Se podría aducir que la culpa de que la violencia no haya descendido en este gobierno ha sido de las personas que han estado a cargo de los puestos clave, no del nuevo modelo político que, además, todavía no acaba de implementarse. Las excusas no faltan ahora, como no faltaron antes. Lo que no podemos ignorar es que las preguntas que planteé antes siguen abiertas. La tentación de que para salvarnos de la violencia requerimos un gobierno populista de extrema derecha, como el de El Salvador, ronda en el ambiente.